Opinion

Paro sin remedio

La Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre de 2008 ha confirmado al alza los datos ya conocidos sobre el incremento del paro en nuestro país y sobre la creciente destrucción de empleo. La radiografía sobre el impacto de la crisis en el mercado laboral en los tres últimos meses de 2008 resulta desoladora, y no sólo porque en ese breve período las listas de desempleados se hayan incrementado en 609.100 personas elevando, a su vez, la negra estadística del último ejercicio en 1,2 millones de trabajadores. La caída en la ocupación ha triplicado el indicador del trimestre anterior, lo que implica que se están destruyendo empleos a un ritmo tan acelerado y con una penetración tan generalizada en los distintos sectores que aleja la posibilidad de revertir esta tendencia a corto plazo y recuperar la confianza para reanimar el consumo y la actividad económica. La aguda inquietud que está generando el pronunciado repunte del paro se ve acompañada de una peligrosa extensión de la incertidumbre sobre el futuro laboral incluso de quienes no tienen motivos aparentes para temer por el mismo. Con el agravante de que la efectividad dilatada en el tiempo de las iniciativas institucionales se verá entorpecida por dos realidades que afloran con crudeza en la última EPA: los 827.000 de los hogares en los que todos sus miembros están en paro y el aumento de los trabajadores que perdieron su puesto hace al menos un año, con el consiguiente incremento de quienes ya no perciben prestación alguna en un contexto de menguantes recursos públicos.

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Ante unas perspectivas tan desafiantes, la insistencia del Gobierno en esperar una progresiva recuperación del mercado laboral gracias, por una parte, a medidas de incentivación del empleo como el Plan de Inversión Local y, por otra, por la mejoría experimentada por factores como la inflación y el Euríbor incide en su enojosa tendencia a minusvalorar la realidad puntual de los datos amparándose en expectativas optimistas hoy imposibles de verificar. Al tiempo que revela una inclinación por actitudes más reactivas que proactivas en la respuesta ante la crisis, evidenciada de nuevo en los últimos días en el llamamiento del ministro Sebastián a consumir productos españoles para contener la sangría en la demanda interna y la apelación del presidente Rodríguez Zapatero a los empresarios para que mantengan «todo el empleo que puedan». Las consecuencias de la crisis interpelan a la responsabilidad de cada agente político, económico y social. Pero el Gobierno no puede diluir su papel en ese compromiso general, en el que le compete diagnosticar con rigor las dificultades y las carencias que lastran nuestro mercado laboral, y anticiparse con acierto a problemas que se agudizan por momentos.