La vicepresidenta De la Vega, tras el Consejo de Ministros. / EFE
ESPAÑA

El Gobierno pide a Rajoy que arrime el hombro para pactar la financiación

Fernández de la Vega da por hecho que habrá un acuerdo con las 15 comunidades autónomas afectadas

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El Gobierno hizo ayer un llamamiento al líder de la oposición para que se sume a los esfuerzos a fin de alcanzar un acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica. Mariano Rajoy, dijo la vicepresidenta, tiene que resolver si quiere quedarse «dentro o fuera» del pacto, si quiere «sumar o restar». El Ejecutivo, de todos modos, no considera imprescindible el apoyo del presidente del PP porque da por hecho que todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por los populares, aceptarán el sistema que ofrece Pedro Solbes.

Las críticas de Rajoy a la propuesta de financiación, después de la buena acogida a la misma por los principales gobernantes autonómicos del PP, causó estupor en La Moncloa. El Gobierno cree que el criterio del presidente del partido opositor es incoherente con las opiniones de los barones que han participado en la ronda de contactos con José Luis Rodríguez Zapatero. María Teresa Fernández de la Vega instó al líder de la oposición a revisar su posición contraria y «abandonar los intereses partidistas» para trabajar «juntos» en la búsqueda del «gran acuerdo». Y si no es así, y el PP mantiene su rechazo, será Rajoy el que tendrá que «dar explicaciones» sobre por qué es contrario a un sistema que aceptan los territorios que gobierna.

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, también incidió en «la falta de sentido de Estado» del líder de la oposición, que sólo sabe hacer política mediante «la confrontación». Ahora es, recordó, con la financiación, pero en la anterior legislatura fue con la estrategia antiterrorista.

Esta disociación de posturas entre la dirección del partido y sus gobernantes territoriales no es, sin embargo, nueva. En 2001, cuando se discutía el sistema que está en vigor, la dirección del PSOE se opuso a la propuesta del Gobierno de José María Aznar, pero los presidentes autonómicos socialistas, sin excepción, la aceptaron y dieron su visto bueno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La diferencia en esta ocasión es que el entonces líder de la oposición, Rodríguez Zapatero, no mostró una actitud beligerante y dejó la tarea de la crítica al que era secretario de Economía de la dirección socialista, Jordi Sevilla.

Fuentes gubernamentales consideraron que ahora, una vez escuchados los 15 presidentes de comunidad que han pasado por La Moncloa, el pacto está «maduro». El acuerdo, comentó Fernández de la Vega tras la reunión del Consejo de Ministros, «está ahí, está ya». Pero no quiso pillarse los dedos con fechas cerradas tras los fracasos con las fechas límites del 9 de agosto y 31 de diciembre, y apuntó que si el consenso se materializa «a finales de enero, estupendo», pero si se retrasa hasta «la primera semana de febrero, tampoco pasa nada».

Calendario

El calendario que maneja el Ministerio de Economía y Hacienda es presentar las cifras del modelo la próxima semana y abrir una nueva ronda de entrevistas entre Pedro Solbes y su equipo con los consejeros de las 15 comunidades autónomas afectadas por el nuevo modelo. De esas conversaciones, calcula el Ejecutivo, saldría el acuerdo que permitiría convocar en la última semana de este mes o la primera de febrero el Consejo de Política Fiscal y Financiera que refrendaría el acuerdo. El siguiente paso sería la elaboración del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para que lo tramite y apruebe el Parlamento. El nuevo sistema se aplicaría con efecto retroactivo al 1 de enero de este año.

Fernández de la Vega se mostró segura de que habrá acuerdo y que será «el más consensuado y participado» de la historia y, además, con «voluntad de permanecer». Este previsible grado de entendimiento sobre la financiación tampoco es nuevo porque el sistema pactado hace ocho años también concitó la unanimidad de las autonomías, tanto de las regidas por el PP como las controladas por el PSOE, y también se aprobó con la pretensión de que fuera indefinido.