El juez Baltasar Garzón se inhibe de la causa del franquismo en favor de los juzgados territoriales

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dado por extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco tras comprobar su fallecimiento y ha remitido la causa en la que investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dado por extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco tras comprobar su fallecimiento y ha remitido la causa en la que investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.

El pasado 7 de noviembre, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunió de forma extraordinaria para evaluar una petición de la Fiscalía que solicitaba paralizar la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil que estaba autorizando Garzón. Los jueces asumieron entonces los argumentos del fiscal y decidieron detener las exhumaciones de forma cautelar.

La petición del Ministerio Público produjo después de que el juez Santiago Pedraz, en sustitución de Garzón, que se encontraba de baja médica a principios de mes, autorizara a la familia del poeta granadino Federico García Lorca presenciar la apertura de su fosa y de que admitiera la exhumación de cuerpos en otros seis lugares, entre ellos el Valle de los Caídos.

Los argumentos del juez

El magistrado de la Audiencia justifica su inhibición en que los principales responsables del golpe militar de 1936, que califica como un delito contra los altos organismos de la nación, han fallecido. "Una vez constatada documentalmente la defunción de los principales responsables, procede, como propone el fiscal, la inhibición a cada uno de los jueces territorialmente competentes", alega.

Garzón explica que, "obviamente, no está de acuerdo" en las expresiones que utiliza el Ministerio Público para rechazar su competencia para entender de estos hechos y matiza que la razón de su inhibición es que "ha dejado de estar vigente la conexión" entre aquellos delitos contra los altos organismos de la nación, es decir, contra la II República, y los delitos de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad que, según el juez, siguen vigentes, por lo que pide que sigan siendo investigados en los juzgados territoriales competentes.

Ilustra esta vigencia delictiva detallando a lo largo de más de 30 páginas de su auto las sustracciones, desapariciones y cambios de identidad de los conocidos como 'los niños del franquismo', muchos de los cuales, recuerda, siguen vivos a día de hoy.

"No es los mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas por fallecimiento que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial tildando sus acciones como mera represión política", dice el juez, que expresa que "las víctimas no se merecen una resolución que reconozca sus derechos ni la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación".

Pautas a los juzgados territoriales

Garzón también apunta en el auto que su intención no es "hacer una diferenciación entre víctimas". Sostiene que "cualquiera que haya sufrido la agresión contra su vida o su libertad o cualquier otro de sus derechos fundamentales, tiene derecho a ser resarcida", pero admite que "el proceso judicial iniciado tiene unos contornos muy precisos, que no excluyen otros pero, desde luego, cualquier reclamación no puede ni debe concentrarse en una sede porque entonces sí se trataría de una causa general".

"Esto es así a pesar de la gravedad de los hechos sin que exista posibilidad de aplicar las normas de competencia a favor de la Audiencia Nacional en virtud del principio de Justicia Penal Universal", precisa el juez, quien en su auto recuerda que ha sido él quien ha dado "los primeros pasos absolutamente urgentes y necesarios para posibilitar la acción de la Justicia" sobre los desparecidos de la guerra civil.

A partir de ahí, incluye en su auto una pauta de conducta para que los juzgados territoriales sobre los que ahora recae la causa lleven a cabo la investigación. Ese procedimiento propuesto por Garzón consiste en la "localización inmediata de la víctima", "el lugar en el que esa víctima se supone que puede estar", "la recuperación del cadáver en su caso" o "la constatación de la existencia del mismo".