CC.OO. La presidenta del comité y representantes sindicales, ayer en rueda de prensa. / A. VÁZQUEZ
CÁDIZ

Trabajo justifica el acta abierto a Pascual sólo «por el impacto en los medios»

Descarta que la empresa incumpla las normas de Prevención de Riesgos, pero propone una multa por discriminación sexista CC.OO. dice que la empresa está «desafiando» a las autoridades y que no todos denuncian por temor a perder el trabajo

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La Inspección de Trabajo justifica el acta abierta a la empresa Pascual por el asunto de las faldas sólo «por el impacto en los medios» y en él descarta que la empresa incumpla las normas de Prevención de Riesgos Laborales -como apuntaba el comité de empresa de CC OO de la Clínica San Rafael-, aunque propone una multa por discriminación sexista al prohibir a las trabajadoras el uso del pantalón en el uniforme.

La empresa recurrirá el acta propuesta de infracción porque no considera que exista dicha discriminación por razón de sexo y porque «existen sentencias del Tribunal Supremo como precedentes que avalan nuestra postura», explicaba ayer a este periódico el gerente de la empresa, José Manuel Pascual, que insistía en que la uniformidad -con faldas para las enfermeras y auxiliares- es una potestad del empresario recogido en el artículo 20 del estatuto de los trabajadores. Además, la empresa investigará si el acta de la Inspección fue elaborado antes de que ellos mantuviesen la reunión con los trabajadores para consensuar posturas -tal y como pedía Trabajo- porque ello supondría «que la decisión de propuesta de sanción ya estaba tomada y, por tanto, podría considerarse como un delito de prevaricación», añadió Pascual.

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de la Clínica de San Rafael, Adela Sastre, reiteró ayer que Pascual está «desafiando» a las autoridades y que es «muy difícil» denunciar a la empresa debido a la «alta tasa de eventualidad de los trabajadores y porque cada vez que denunciamos algo, mucha gente, incluso compañeros, se nos echan encima».

El secretario general de Sanidad de CC OO, Luis Torres, insistió en que en ningún momento «hemos pedido eliminar el concierto asistencial que Pascual mantiene con el Servicio Andaluz de Salud, aunque «pretendemos que en el próximo concierto se recojan aspectos que delimiten estas acciones de la empresa».

Por su parte, la Federación de Servicios Públicos (FSP) UGT-Andalucía expresó ayer su más enérgica protesta por el comunicado emitido por la dirección de los Hospitales Pascual, en el que se alerta a las trabajadoras de sanciones si se utiliza un uniforme distinto a la falda.

Por último, a la empresa le extraña porqué la Consejería de Empleo, que durante muchos años ha visitado las empresas Pascual en su labor de inspección, y que «por ello es presumiblemente conocedora de nuestra realidad física, nunca decidió por oficio, ni instada por ninguna parte, actuar por los motivos que ahora se proponen y que en estos días, de repente, se le han aparecido o le han sido revelados como el principal problema laboral de nuestra sociedad gaditana».

En un plazo de quince días la empresa presentará alegaciones al acta -cuya propuesta de infrac ción supone 6.000 euros- y que mientras no se pronuncien los tribunales competentes mantendrán el uniforme «dado que el uso de la falda en el ambiente social en que nos desenvolvemos ni puede, ni debe considerarse discriminatorio por razón de sexo».