La industria alimentaria cree que los expedientes de la CNC son una «cortina de humo» para el Gobierno

Apenas 24 horas después de ser expedientada por las fuertes subidas de precios de los últimos meses, la industria alimentaria arremetió ayer contra la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y el Gobierno en un intento por defenderse de las graves acusaciones vertidas en su contra -se afirma que ha podido «restringir» la libertad de tarifas en los sectores del pan, la harina, dulces, helados, chocolate, pastas, salsas y condimentos, huevos y pollo-. Así, no dudaron en aseverar que las medidas adoptadas sólo buscan crear «una cortina de humo con la que se intenta ocultar la inacción» de las autoridades correspondientes, a las que piensan pedir «responsabilidades».

En apariencia más molestos por la situación delicada en la que se les ha dejado ante la opinión pública que por las fuertes multas a las que podrían enfrentarse (de más de 10 millones de euros) en caso de que al final la CNC considere probado que han «impedido» o «falseado» la competencia, los responsables de la Federación de Industria de la Alimentación y Bebidas (Fiab) afirmaron que se sienten como «chivos expiatorios». Y es que, en su opinión, se trata de «la última excusa del Ejecutivo para llevar a la sociedad el mensaje de que se está haciendo algo» en relación al aumento de precios en este ámbito.

Más aún, según su secretario general, Jorge Jordana, la CNC no ha actuado aquí «con la debida independencia». «Resulta sospechoso» -dijo- que las pruebas en que se basan las encontraran en octubre en las sedes de las asociaciones y, sin embargo, no hayan abierto los expedientes hasta abril.

En este sentido, y dado que dicha decisión coincide con las diferentes quinielas que se hacen para la formación del nuevo Ejecutivo, denunció incluso que «es posible que alguien quiera ser ministro y se esté trabajando una cartera a nuestra costa».

Sanción ejemplar

Su grito de inocencia, secundado por las organizaciones interprofesionales del huevo (Inprovo) y del pollo (Propollo), fue respaldado por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, quien «sinceramente» cree que «no debe haber habido» un pacto de precios.

Todo lo contrario piensan las organizaciones de agricultores y consumidores, quienes demandaron una «sanción ejemplar» para las patronales expedientadas. Los profesionales agrarios fueron incluso más lejos, al solicitar que también se incluya en el procedimiento a la distribución comercial.

Mientras tanto, desde Bruselas se animó a consumidores y empresas -en especial, las pequeñas y medianas- a pedir daños y perjuicios a los responsables de las subidas de precios. La CE presentó ayer un plan a este respecto, para animar a la presentación de demandas colectivas ante los tribunales.