Quemar al Rey y ultrajar la bandera

Pero hay quienes olvidan, o directamente no lo saben, que la libertad de cada uno termina donde comienza la de los demás. Son aquellos que piensan que el derecho a expresar libremente sus ideas les faculta para faltar el respeto a diestro y siniestro, cual si se tratara, más que de un derecho, de una especie de coraza con inmunidad para poder delinquir impunemente.

El hecho de que yo tenga el derecho para expresar libremente mi pensamiento no significa que pueda decir, aunque lo piense, lo necios que son los que niegan ser españoles habiendo nacido en España, o lo estúpido que resulta quemar una imagen del Rey, como si con ello se fuera a acabar la Monarquía. Probablemente más efectivo que el insulto y la ofensa, resulte utilizar la razón para hacer ver que el nacido en España es español por definición propia, sin perjuicio de que ese español ansíe lograr la independencia de una determinada región; o que prender fuego a una foto no es la manera más apropiada para conseguir un ideal republicano.

Esto, que aparentemente no tiene más complicación, parece incomprensible para unos cuantos gamberros perturbados (y esto no es una opinión, sino una definición conforme al Diccionario de la Real Academia Española) que van por la calle incinerando la imagen del Rey, así como para otros tantos irritantes provocadores que menosprecian la bandera de España, tratando de ocultarla en sus comparecencias públicas o eliminándola de edificios de la Administración Pública (lo que se agrava cuando lo hacen como miembros de ayuntamientos de municipios españoles).

He de reiterar que cualquiera puede declararse contrario a la Monarquía, por ser una institución anacrónica y carente de sentido en los tiempos que corren. Sin embargo, quemar la imagen del Rey se convierte en un acto vandálico que castiga expresamente el artículo 491 del Código Penal, con pena de multa de 6 a 24 meses, y por ello el delincuente que lo cometa debe ser sancionado correspondientemente.

Pero aún más escandaloso, si cabe, resulta la constante violación a la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España, por parte de aquellos que pretenden desvincularse de todo aquello que represente a España. Esta Ley dispone que la bandera española ha de ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, autonómica y municipal. El incumplimiento de esta ley lo castiga el artículo 543 del Código Penal, como ultraje y ofensa a España, con multa de 7 a 12 meses. A pesar de ello, en muchos Ayuntamientos de municipios en que gobiernan partidos independentistas la bandera de España brilla por su ausencia

Afortunadamente, el poder ejecutivo no puede imponer a nadie unas ideas determinadas, por lo que en España caben hasta los independentistas, sin embargo, sí debería hacer cumplir la Ley, castigando conforme al Código Penal las ofensas a la bandera española.

Habrán podido advertir que, tanto en el caso de quienes queman simbólicamente al Rey, como en el caso de los que cometen ultrajes contra la bandera española, el problema no es de fondo, sino de forma. Por ello, no tiene sentido pretender amparar tales actos delictivos en el derecho a la libertad de ideología y de expresión que, como decía al comenzar, son derechos cuyos límites están en el respeto a los demás. Dicho en palabras de Montesquieu "la libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten", por lo que quienes incumplen la ley no están ejercitando libertad alguna, sino vulnerando la de los demás.