Las mejores exclusivas destapadas por ABC en 2015

CDC cambiaba contratos públicos por donaciones

La fundación de Convergència Democrática de Catalunya, CatDem –investigada en los casos Palau y Petrum por recibir comisiones ilegales para el partido–, presentó en su último balance contable disponible –2013– 538.00 euros en concepto de donativos de empresas. El martes 8 de septiembre de 2015, ABC publicó los nombres de algunas empresas que donaron dinero «altruistamente» a CatDem. Curiosamente, las empresas que más donativos realizaron eran todas beneficiarias de contratos públicos adjudicados en municipios gobernados por CDC.

La empresa que más dinero aportó a las arcas de la fundación fue Bluegreen Village S.L., una sociedad sin actividad, que no factura un euro y no tiene ningún empleado. Tras acudir al Registro Mercantil todo cuadra. La sociedad está a nombre de Jordi Sumarroca, detenido a finales de julio en la operación Petrum, que investiga el pago de comisiones del 3% a cambio de contratos públicos en los municipios gobernados por el partido de Artur Mas. En realidad Bluegreen Village es una filial del grupo Teyco, el «holding» familiar de Sumarroca, que donó a CatDem 42.720 euros en enero de 2013, 30.000 en febrero y 15.000 en abril.

El problema aparece cuando se comprueba que entre 2007 y 2014 la constructora Teyco recibió adjudicaciones de contratos públicos por valor de 50 millones de euros, y unos 40 millones más desde que Mas preside la Generalitat. Además, durante los registros que efectuó la Guardia Civil en las oficinas de Teyco se encontró un documento. Este confirma el pago de las mencionadas comisiones tras conseguir contratos por valor de once millones de euros por parte del Gobierno catalán. En este contexto, la constructora reconoce donaciones a CatDem durante este periodo de entre 300.000 y 400.000 euros. Eso sí, insiste en estas donaciones se hicieron por «una bien entendida voluntad de contribuir a la mejora y el avance de la sociedad catalana».

Otra de las empresas que ha contribuido a engordar las arcas de CatDem es Copisa, una multinacional catalana dedicada a la construcción de obra pública, que donó tres partidas de 25.000 euros en enero, febrero y abril de 2013, coincidiendo con adjudicaciones millonarias.

Por su parte el Grup Soler, dedicado también a la construcción y los servicios, aportó 60.000 euros unos días antes de recibir un contrato de 580.000 euros para el mantenimiento de las instalaciones de los Mossos d´Esquadra. En julio de 2013 esta empresa obtuvo otro contrato de 142.800 para la ampliación de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones del Palacio del Parlamento de Cataluña.

Un poco más modestas fueron las donaciones de Construcciones Deco, que el 6 de noviembre de 2013 donó a CatDem 25.000 euros. Apenas un mes después, el 23 de diciembre, la Generalitat adjudicó a la empresa la reforma de dos colegios por valor de 388.126 euros.

Estas son algunas de las constructoras que tras recibir adjudicaciones públicas aportaron dinero a las arcas de la fundación de CDC, pero hay más. Según las fuentes consultadas, tanto las constructoras como CatDem mantienen que las donaciones son legales. ABC desveló en julio de 2013 que las donaciones se anotaban en la caja del partido como «notas de cargo» por servicios prestados. El balance es que entre 2006 y 2012, CDC habría ingresado en sus cuentas con este sistema de donaciones unos cinco millones de euros.

Manuela Carmena duplicó los desahucios como juez decana de Madrid

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, llegó a su cargo defendiendo un programa político encabezado por la lucha contra los desahucios. De hecho, la regidora local se comprometió a «poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda». Sin embargo, cuando en 1993 aterrizó en el Decanato de Madrid, Carmena duplicó el número de lanzamientos judiciales diarios.

Eran otros tiempos, y la postura de la ahora alcaldesa respecto a los desahucios era muy diferente. La edición de ABC del 23 de septiembre de 1995 recogió las siguientes declaraciones de Manuela Carmena: «La solución es que –los desahucios– vayan por la vía civil y no por la penal porque, en estos casos, los jueces se encuentran con un proceso administrativo que desconocen, lo que alarga su resolución, mientras que por la vía civil se resuelven en cuatro meses».

Para conseguir agilizar los procedimientos de desahucio, Carmena creó hasta doce comisiones judiciales especializadas en ejecutar los embargos. Así se pasó de una media de dieciocho a treinta y seis desalojos diarios, y el equipo judicial de Carmena se jactaba del «éxito» de haber reducido el tiempo para ejecutar un desahucio a solo diez días.

En este sentido, Marta Higueras –actual número dos del Ayuntamiento de Madrid– alardeó en declaraciones al diario «El País» el 6 de junio de 1994 de la eficacia lograda en este aspecto: «En los meses de enero, febrero y marzo hemos puesto al día todos los expedientes atrasados –unos 700–, y ahora, una vez que el juez ordena el lanzamiento, nosotros lo ejecutamos en un plazo de diez días».

El plan de la extrema izquierda y los independentistas para derrocar al Rey

Según las fuentes de la Seguridad del Estado consultadas por ABC, la extrema izquierda y los independentistas –vascos y catalanes– habrían urdido un plan para romper con el régimen democrático surgido en la Transición. Así lo publicó este diario el viernes 17 de julio de 2015, destapando que el objetivo principal de los separatistas y antisistemas era fraccionar el Estado para dar paso a un modelo confederal. Para ello, sería capital acabar con la Monarquía y derrocar al Rey.

Además, los rupturistas consideraban por aquellas fechas que, a pesar del aumento de la popularidad de Felipe VI, la Monarquía era «el eslabón más débil» del sistema debido al daño causado por el caso Nóos. Para conseguir sus objetivos secesionistas, la alianza «soberanista-radical» se planteaba una estrategia de desgaste contra la Corona y poner fin al régimen del 78 «a través de un referéndum» que arrastrase al resto del sistema.

La fecha clave para el éxito de esta confabulación contra el sistema democrático habría de ser el 27 de septiembre, día en el que se celebraron las elecciones autonómicas catalanas y tras cuyos resultados la coalición Junts Pel Sí y la CUP firmaron un manifiesto rupturista con España, que posteriormente anuló el Tribunal Constitucional.

No obstante, a este plan rupturista le habría faltado añadir un eslabón más para contar con una representación suficiente que apoyara la celebración del referéndum definitivo: Podemos. En este sentido, fuentes de Seguridad del Estado señalaron a ABC que «lo que de verdad le importa a Pablo Iglesias son las próximas elecciones generales previstas para finales de año», por lo que la posición de Podemos respecto al desafío soberanista tras los comicios catalanes sería una cuestión clave.

El pacto contra el régimen del 78 cobraba fuerza porque algunos dirigentes de la extrema izquierda consideraban que en aquel momento había «un caldo de cultivo más favorable que nunca» para conseguir sus objetivos. La supuesta mayoría de la izquierda que se percibía en la sociedad y la pérdida de imagen de la Monarquía, eran los argumentos en los que se apoyaban formaciones como Amaiur, ERC, la CUP e Iniciativa per Catalunya para acabar con la Monarquía y dar paso a un Estado confederal.

«Leopoldo López es completamente inocente»

Franklin Nieves, el exfiscal venezolano encargado del juicio contra Leopoldo López –dirigente opositor al Gobierno de Maduro–, declaró en exclusiva para ABC que el proceso judicial contra este fue un montaje. En una entrevista publicada el 31 de octubre de 2015, Nieves acusa directamente al presidente de Venezuela y a Diosdado Cabello –presidente de la Asamblea Nacional–, de ejercer presiones en los organismos judiciales para condenar al exalcalde de Caracas.

Para poder denunciar esta situación, Nieves huyó a Miami con su familia y pidió asilo político. Una

vez en suelo estadounidense publicó un vídeo en el que relata lo sucedido: «Soy Franklin Nieves. Decidí salir de Venezuela por la presión que estaban ejerciendo el Ejecutivo nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con las que se había condenado al ciudadano Leopoldo López».

Según desvela el extitular de la fiscalía 41, el Gobierno venezolano presionó a los testigos para que dijeran que López había incitado a unos estudiantes «para que incendiaran la Fiscalía». Además, señala que la orden de detener a Leopoldo López partió «directamente de Maduro», y que las pruebas usadas en el juicio fueron fabricadas. Nieves asegura que destapa las irregularidades cometidas en el proceso porque la Corte de Apelación, que está examinando el caso, puede anular el juicio.

La boda secreta de Rodrigo Rato

Rodrigo Rato y Figaredo y Alicia González Vicente se casaron el miércoles 9 de septiembre en la finca que posee la familia del exdirector gerente del FMI en Carabaña, al sureste de la Comunidad de Madrid. ABC publicó la exclusiva del enlace matrimonial el día 15 de septiembre. El matrimonio escogió una discreta ceremonia civil, oficiada por un concejal de la localidad, a la que siguió una misa celebrada por un sacerdote amigo de la pareja.

El secretismo con el que se preparó fue tal, que el hijo de Rato, Rodrigo Jr., no pudo acudir por encontrarse fuera de España. Para no llamar la atención de los medios de comunicación, la pareja decidió mantener la fecha del enlace a pesar de esta importante ausencia. Las otras dos hijas del exministro de Economía y Hacienda, Ana y María de los Ángeles, sí pudieron asistir a una ceremonia que los invitados han calificado como «estrictamente familiar y muy íntima».

De hecho, solo asistieron medio centenar de invitados entre los que no se encontraba ningún miembro del Gobierno ni del Partido Popular. Las fuentes a las que tuvo acceso ABC confirmaron algunos detalles de la ceremonia como el vestido de la novia, corto en blanco crudo y con escote, o que durante la misa, la pareja pidió que se realizaran las lecturas del Santo Evangelio propias de una misa nupcial.

Granados ganaba 900.000 euros por colegio adjudicado

Francisco Granados –exsecretario general del PP de Madrid– y el constructor David Marjaliza –empresario y uno de los cerebros de la trama Púnica– cobraban una «mordida» de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha. De hecho, su negocio era tan redondo que ni siquiera tenían que corromper a los alcaldes, pues promover estos centros generaba valor en los municipios.

Según testigos y documentos de la operación Púnica –que investiga una trama organizada dedicada al cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos de obra y de suministros–, Granados usaba sus contactos para que los ayuntamientos cedieran las parcelas a la empresa Alfedel, pero a un precio muy inferior al del mercado. Alfedel es una empresa promotora de colegios propiedad de Alfonso Ferrón del Río, que imponía en sus contratos que la constructora del centro tenía que ser Obrum, propiedad de Marjaliza, número dos de la Púnica.

Así, Granados conseguía el suelo más barato para Alfedel, y mediante contratos de consultoría entre esta empresa y otra sociedad de Marjaliza se efectuaba el pago de las comisiones a través de facturas falsas. Una vez conseguido el terreno, Alfedel, que actuaba como intermediario entre los ayuntamientos y las cooperativas de profesores, cobraba una comisión del 7 por ciento que es de donde salía el dinero que después entregaba a Marjaliza y Granados.

Los documentos a los que tuvo acceso ABC para publicar esta información el 10 de marzo de 2015 demuestran que Granados puso en marcha este operativo entre 1999 y 2003, cuando era alcalde de Valdemoro. De hecho, Alfedel ha construido cuatro colegios en este municipio madrileño. En la venta del terreno uno de ellos –Hélicon– aparece la firma del mismo Granados, que vendió una parcela de 27.000 metros cuadrados por tan solo medio millón de euros.

Granados y Marjaliza siguen en prisión desde que fueran detenidos –el 27 de octubre de 2014–, y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretase prisión incondicional sin fianza para ambos –el 31 de octubre de 2014–, por considerarles los cerebros de la trama Púnica.

El exconsejero de la Comunidad de Madrid continúa en situación de prisión preventiva en la cárcel de Estremera. Se le imputan delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude.

Por su parte, David Marjaliza permanece recluido en el centro penitenciario de Aranjuez. Sin embargo, el pasado 16 de diciembre, el juez le impuso una fianza de 100.000 euros al tener en cuenta que había colaborado de forma positiva con la investigación. Este martes 22 de diciembre, el empresario presentó en la Audiencia Nacional la escritura de una finca ubicada en Valdemoro para cubrir la fianza. Cuando se produzca su excarcelación, Granados será el único imputado en la Púnica que continúe en prisión.

Hugo Chávez pagó 35.000 euros a Monedero en 2010 por asesorarle

Juan Carlos Monedero, cofundador y ex número tres de Podemos, retiró 35.000 euros de Venezuela por asesorar al gobierno cuando Hugo Chávez todavía era presidente. El documento al que tuvo acceso ABC y que publicó el pasado lunes 9 de febrero de 2015, demuestra que Monedero solicitó la retirada de la cantidad indicada el 24 de septiembre de 2010, en concepto de «honorarios profesionales producto de las asesorías realizadas bajo la dirección del Gobierno Nacional».

Se trata de una «solicitud de autorización de adquisición de divisas internacionales» presentada ante la Comisión de Administración de Venezuela (Cadivi), que a finales de 2013 fue sustituido por el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad). Este organismo es el encargado de autorizar la retirada de divisas. Y es que, dada la precaria situación económica de Venezuela, el Gobierno mantiene un férreo control sobre los bolívares que salen del país.

Este pago se une a los 425.000 euros que el líder de la extrema izquierda española cobró del gobierno de Maduro y que desvió a una sociedad pantalla, motivo por el cual tuvo que presentar una declaración complementaria en la Agencia Tributaria.

Además, en la solicitud consta que Monedero se alojaba en la habitación 106 del Hotel Anauco Suites, conocido como el «cuartel general» de los cubanos; lugar donde el régimen chavista hospedaba gratuitamente a sus asesores. En este sentido, Miguel Henrique Otero, director de «El Nacional» –diario opositor al Gobierno de Venezuela–, declaró en una entrevista a ABC el 3 de febrero que Monedero es conocido como «el gurú español», y que disponía incluso de un despacho en el palacio presidencial de Miraflores.

A pesar del empeño de la cúpula de Podemos por esconder sus relaciones con el chavismo, el trato de favor dispensado a Monedero y los pagos recibidos por los servicios de asesoramiento demuestran que estas son más estrechas de lo que pretenden hacer creer.

«Susana Díaz ha usado los ERE para un ajuste de cuentas en el PSOE andaluz»

Javier Guerrero Díaz fue director general de Empleo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008. Nueve años en los que trabajó con tres consejeros de Empleo –Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández– que pusieron en sus manos cientos de millones de euros para adjudicar subvenciones. Además, es uno de los imputados en el caso de los ERE y ha pasado por prisión en dos ocasiones. El jueves 1 de octubre decidió romper su silencio y contar en exclusiva a ABC su versión del mayor caso de corrupción ocurrido en Andalucía.

Lo que más llama la atención de su testimonio es la firmeza con la que declara que el caso de los ERE se ha utilizado como «vendetta» en el PSOE andaluz.

Sobre las sospechas de que el equipo de José Antonio Griñán ayudó a eliminar del PSOE-A a todas las personas de confianza de Manuel Chaves, Guerrero dice compartir esa idea, además de añadir que «en la guerra se pierden y se ganan batallas, pero la guerra siempre está abierta». Incluso señala que la actual presidenta de Andalucía, Susana Díaz, tuvo conocimiento de cómo funcionaba el escándalo de los ERE.

En un nivel más personal, Guerrero utiliza la entrevista concedida a ABC para dar su versión sobre el escándalo de su chófer y la cocaína, que fue portada de ABC el 9 y 10 de enero de 2012. Niega haber entregado 60.000 euros a Juan Francisco Trujillo –el conductor– para comprar cocaína con el dinero de las subvenciones. Insiste en que la declaración que Trujillo hizo ante la Policía Nacional «estaba dirigida» por alguien que «le achuchó para que lo hiciera». Además, sobre los 900.000 euros que recibió Trujillo como subvenciones para tres empresas fantasma, Guerrero declaró que nunca pedía escrituras societarias a las empresas que presentaban la solicitud y que nunca supo que «era él –en alusión a Trujillo– quien recibía el dinero».

Después de desmentir el affaire de la cocaína y las subvenciones recibidas por su chófer, Guerrero explica el porqué de las tantas ayudas repartidas en El Pedroso, localidad sevillana de unos 2.100 habitantes de la que fue alcalde. En este sentido, relata que la condición de ser residente en El Pedroso no es una norma excluyente para recibir las subvenciones. «No favorecí a nadie. Apliqué el mismo sistema que a cualquiera que viniera solicitando esas ayudas».

El jefe de seguridad de Diosdado Cabello le acusa de narcotráfico

Leamsy Salazar, jefe de seguridad de Diosdado Cabello hasta su salida de Caracas en diciembre de 2014, señala al presidente de la Asamblea Nacional como jefe del cártel de los Soles, organización que controla el tráfico de drogas en Venezuela. Esta información desvelada por ABC el martes 27 de enero de 2015, confirmó la relación del número dos del chavismo con la red institucional de narcotráfico que opera en el país.

El testimonio de Salazar, como testigo protegido, resultó esencial para la preparación de una acusación formal contra Cabello por parte de la Fiscalía federal estadounidense. Por su posición cercana al dirigente chavista, Salazar presenció diversas situaciones que incriminan al presidente de la Asamblea Nacional. Además, el exjefe de seguridad de Cabello aportó evidencias sobre dónde se esconde en Venezuela el dinero procedente de la droga.

La causa abierta contra Diosdado Cabello se enmarca dentro de la operación que dirigen las fiscalías de Nueva York y Miami contra el general venezolano

Hugo Carvajal, alias «el Pollo», por su vinculación con el cártel de los Soles. La información aportada por Salazar en este caso situó a Carvajal a las órdenes de Cabello como máximo responsable del «narcoestado» existente en Venezuela. Un país por el que circula el noventa por ciento de la droga producida en Colombia y por cuyas fronteras pasan cinco toneladas de sustancias ilegales a la semana.

Dada la larga trayectoria de Salazar en el ejército venezolano –era el militar en activo de más alto rango–, y sus diez años como asistente personal de Hugo Chávez, se pudo dar un gran salto en la investigación. El militar venezolano también denunció la implicación de La Habana en el tráfico de estupefacientes. En este sentido, Salazar habría mencionado que el hijo de Hugo Chávez y el de Germán Sánchez Otero –embajador cubano en Caracas hasta 2009 – organizaban vuelos con regularidad para transportar la droga hasta EE.UU.

Además de acusar a Cabello, Salazar implicó con sus declaraciones al gobernador del estado Aragua, Tareck el Aissami; al ministro de Industria, José David Cabello –hermano de Diosdado–, como responsable de las finanzas del cártel de los Soles; y a Rafael Ramírez, presidente de la petrolera nacional PDVSA entre 2004 y 2014. Según el testimonio de Leamsy Salazar, la red criminal utilizaba esta empresa para lavar el dinero procedente del narcotráfico.

«Todas las penas deben orientarse a la reinserción»

Consuelo Madrigal es la primera mujer designada como fiscal general del Estado. Después de 34 años de carrera y tras dirigir la Fiscalía de Menores fue propuesta para el cargo. Alejada de los focos y con un perfil discreto, el 5 de julio de 2015 decidió conceder su primera entrevista con un medio de comunicación al diario ABC. Declaró que no conocía a nadie del Ejecutivo cuando fue propuesta para el cargo y que «si el Gobierno hubiera querido un perfil político o más cómodo podría haber recurrido a un profesional más afín».

En esta primera entrevista concedida para ABC, la fiscal general del Estado dejó muy claro su objetivo:

para que la Justicia recupere la confianza de la sociedad se deben realizar actuaciones «profesionales y no políticas». Nada más tomar posesión de su nuevo cargo entro en vigor el nuevo Código Penal que prevé la prisión permanente revisable. Es este sentido, Madrigal señaló que tal y como está configurada no se puede equiparar a la cadena perpetua porque una vez que el afectado haya cumplido una parte considerable de la condena, si «acredita la reinserción» podrá obtener la libertad.

Una de las leyes que más directamente le ha afectado es la del aborto, ya que en su comparecencia al ser elegida para el cargo salió a relucir que había firmado una petición contra la propuesta de ley para la interrupción del embarazo. «Como ciudadana uno puede firmar los manifiestos que quiera». Además, según declaró en esta entrevista «es un ejercicio de la libertad de expresión, de ideología y de creencias» que forma parte de la cultura democrática.

Como fiscal general del Estado le ha tocado lidiar con dos de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. La imputación de la Infanta en el caso Noós y la detención de Rodrigo Rato. En el caso de la Infanta dejó claro que la Fiscalía no la imputó porque no vio indicios para ello, además de destacar que le pudo «perjudicar ser un personaje público». Sobre la decisión de detener al ex director gerente del FMI, señaló que a su entender no era necesaria su arresto porque «no hizo ningún movimiento extraño que justificase una privación de libertad», y que Rato «colaboró en todo momento».

En un contexto en el que hay bastantes causas por corrupción abiertas, Madrigal abordó el tema de los indultos en este tipo de delitos. Su postura al respecto es bastante clara dado que el indulto es una medida excepcional. «No nos oponemos al indulto en todos los casos de corrupción, porque no todos son iguales». Sobre el debate existente en torno a la posibilidad de castigar a los medios que publiquen filtraciones judiciales, o difundan imágenes de imputados, la fiscal general del Estado es tajante: «Evitar exposiciones innecesarias no me parece que sea coartar la libertad de información».

El líder del sindicato Manos Limpias y la abogada Virginia López, denunciados por apropiación indebida

Manos Limpias, el sindicato que todo lo denuncia y que se persona como acusación particular en los principales casos de corrupción del país, se enfrenta a la denuncia que la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid ha presentado por apropiación indebida contra su secretario general, Miguel Bernad, y su principal abogada, Virginia López.

ABC destapó el 3 de noviembre que la Fiscalía estaba investigando a ambos por blanqueo de capitales y apropiación indebida, tras laretirada a finales de 2010 de 103.500 euros de una cuenta del sindicato. Según consta en las diligencias, Miguel Bernad autorizó una transferencia de 110.800 euros desde una cuenta de Manos Limpias en una oficina de BBVA en Madrid, a otra situada en Valladolid en la que él mismo aparecía como titular junto a Virginia López.

A los pocos días de este movimiento el dinero fue devuelto a la cuenta del sindicato. Pero después, Miguel Bernad sacó 103.500 euros en cuatro retiradas de efectivo. Como consecuencia de este ir y venir de dinero de la cuenta de Manos Limpias, la entidad bancaria notificó estos movimientos sospechosos al Sepblac, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Después de realizar un exhaustivo informe, el Sepblac halló indicios de delito y denunció el caso a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. Entonces se abrió el proceso y la fiscal citó a ambos para explicar el destino de los fondos el pasado 14 de octubre, pero Virginia López no acudió. El secretario general de Manos Limpias sí se presentó y reconoció que la mitad del dinero se la quedo él, y la otra mitad se la entregó a la abogada.

Miguel Bernad declaró para ABC que tanto el destino como el origen de los fondos eran «lícitos», y que por eso se quedó la mitad para «pagar deudas del sindicato» y la parte restante se la entregó a Virginia López para «abonarle sus honorarios».

Sin embargo, los 103.500 euros que se repartieron Miguel Bernad y Virginia López procedían de una colecta entre las víctimas de la estafa de Fórum-Afinsa. Según pudo saber ABC tras acceder a una sentencia del Tribunal Supremo, López convenció a casi mil afectados para que pagaran 110 euros al sindicato y así conseguir que el Estado los indemnizara.

Las defensas de Urdangarín y Torres valoran un pacto con el fiscal que incluya prisión

Dada la proximidad del juicio por el caso Nóos, fijado su inicio para el 11 de enero, y la dificultad de conseguir una sentencia favorable para sus clientes, los abogados de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, y de Diego Torres, Manuel González Peeters, se plantean la posibilidad de pactar con el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.

El viernes 20 de noviembre, ABC destapaba el plan de las defensas del marido de la Infanta Cristina y su exsocio para intentar rebajar las condenas a las que se enfrentan. Según las fuentes consultadas por este diario, cualquier pacto con la fiscalía incluiría el ingreso en prisión de Urdangarín y Torres, así como reconocer los delitos que se les imputan y la devolución de los más de seis millones de euros cobrados indebidamente al Gobierno balear y de la Generalitat valenciana.

La condena que el fiscal pide para Iñaki Urdangarín es de 19,5 años de cárcel por los delitos de malversación, fraude a la administración, estafa, dos contra la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales; además, el expresidente del Instituto Nóos deberá afrontar un pago de 3,5 millones en concepto de responsabilidad civil. Diego Torres se enfrenta a una condena de 16 de años de prisión –por entender el juez que ha cometido un delito menos que su socio contra la Hacienda Pública – y 4 millones de euros como responsabilidad civil.

Para llegar a un acuerdo sería necesario que tanto Anticorrupción como la Fiscalía General del Estado estuvieran conformes con los términos pactados. Las fuentes consultadas por ABC señalaron que aunque de momento no se puede hablar de «acuerdos concretos», el camino del pacto con la Fiscalía «es visto cada vez con mejores ojos por los dos abogados». Sin embargo, la actual fiscal general, Consuelo Madrigal, se ha mostrado poco partidaria «en general» de realizar este tipo de pactos en casos de corrupción.

Este sería el segundo intento de ambas defensas por pactar con la Fiscalía tras un primer conato de entendimiento el pasado 13 de abril de 2012. La filtración sobre un supuesto acuerdo –dos años de cárcel y el pago de siete millones de euros–, llevo al fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, a suspender las negociaciones por entender aquello como un intento de presión para que se aceptasen esas condiciones.

Como diagnóstico, las fuentes consultadas por este diario concluyeron que «aunque no está claro que vaya a haber un pacto entre la Fiscalía y estos acusados, el hecho de que las defensas valoren abrir una negociación indica que tienen muy pocas esperanzas de que sus clientes salgan absueltos».

La última voluntad de Ruiz-Mateos

José María Ruiz-Mateos, fallecido el 7 de septiembre de 2015, volvió a ser noticia el 19 del mismo mes cuando ABC consiguió acceder en exclusiva a su testamento «secreto». El documento fue entregado al notario Carlos Pérez Baudín el 18 de septiembre de 2006. El sobre en el que se guardó, quedó cerrado con tres sellos de lacra con la huella del índice de la mano derecha de Ruiz-Mateos.

El contenido del testamento es un folio escrito a máquina y firmado al final del mismo, en el que el empresario declara a su viuda Teresa Rivero y sus trece hijos como sus herederos universales. ¿Pero herederos de qué exactamente? Tras la quiebra de Nueva Rumasa en 2011, y según confirmó una persona cercana a la familia a este diario, lo único que ha dejado Ruiz-Mateos «son 50 procedimientos judiciales abiertos contra él, el embargo de todos sus bienes, una condena de 92 millones de euros para saldar las con sus acreedores y poco más…».

Lo que Ruiz-Mateos lega a sus herederos es la esperanza de cobrar una indemnización del Estado por la expropiación de Rumasa en 1983. De hecho, la familia mantiene el caso abierto en el Tribunal Constitucional. Incluso están dispuestos a llegar hasta Estrasburgo para conseguir un justiprecio superior a los 2.000 millones de euros, aunque las fuentes judiciales consultadas por este diario lo consideran muy improbable.

Además del folio donde declara a sus herederos universales, en el sobre que contiene el testamento de Ruiz-Mateos aparecen también diversas actas notariales fechadas el 7 de junio de 2005. En ellas se puede corroborar que Ruiz-Mateos situó al frente de las empresas de Nueva Rumasa –entre las que se encuentran Dhul, Trapa, Clesa o el Rayo Vallecano– a sus seis hijos varones, y desvinculó a sus siete hijas de la gestión del grupo empresarial. A cambio recibirían una serie de inmuebles libres de carga y un pago mensual de Nueva Rumasa, que calcularían sus hermanos según «el criterio establecido en vida por nuestro padre y sin que atente contra la tesorería del grupo de empresas».

El fraude de la formación subvencionada en Andalucía

Profesores que cobraron por clases que nunca dieron, empresas que convertían el IVA en beneficio neto –solicitaban a Hacienda la devolución del impuesto y después pasaban el gasto a la Junta de Andalucía con el IVA incluido–, alumnos que aseguran haber recibido clase en las habitaciones de un prostíbulo, o empresas que cobraron 200.000 euros por impartir cursos y utilizaron a los alumnos para reformar gratuitamente la casa de una de sus responsables.

Estas son solo algunas de las irregularidades recogidas en los informes especiales que realizó la Intervención General de la Junta de Andalucía –dependiente de la Consejería de Hacienda– sobre los cursos de formación para parados. Los datos publicados por ABC el 3 de marzo de 2015 demuestran que en el 51 por ciento de los cursos subvencionados por el Servicio Andaluz de Empleo–en las provincias de Málaga, Cádiz y Almería–, entre los años 2009 y 2012, se cometió algún tipo de estafa contra la Administración Pública.

Englobados en la denominada fase «Costa» de la operación «Edu», estos informes supusieron un gran paso en la macrooperación contra el fraude de la formación subvencionada en Andalucía. Sin embargo, debido a la falta de documentación básica sobre las condiciones en que se impartieron dichos cursos ha sido imposible cuantificar la cantidad total estafada.

Con la información recogida se demostró la falta de control en la adjudicación de subvenciones durante el gobierno del socialista José Antonio Griñán (2009-2013). Además, la Intervención de la Junta reprochó al Servicio Andaluz de Empleo que se dieran por buenos expedientes de cursos en los que había claras irregularidades, y que muchos otros ni siquiera llegaran a comprobarse.

La novia española de Richard Gere

Richard Gere, galán por antonomasia de Hollywood, tiene nueva pareja. Se trata de Alejandra Silva, una joven gallega de la jet set española de 32 años de edad. A sus 66 años, el protagonista de cintas como «Pretty Woman» sigue manteniendo el gran atractivo que le hizo conquistar en el pasado a mujeres de la belleza de Cindy Crawford, con quien estuvo casado durante cuatro años.

Aunque ABC desveló la relación entre Silva y Gere el viernes 19 de junio, se tiene constancia de que la pareja lleva viéndose en secreto desde hace más de un año. Alejandra Silva vive a caballo entre Madrid y Nueva York, pero según un amigo suyo: «Richard ya ha venido varias veces a la capital para verla». Además, según las fuentes consultadas por ABC, el actor –budista confeso– habría organizado ya varios encuentros entre su nueva conquista y el Dalái Lama para introducirla en una de las facetas más importantes de su vida.

La presentación en sociedad ocurrió el miércoles 17 de junio. Ambos acudieron juntos a una cena en honor a la carrera del actor celebrada en el festival de Cine de Taormina, en Sicilia. Los paparazzi pudieron tomar varias instantáneas de la pareja, pues esa misma noche también se dejaron ver en el hotel-boutique San Domenico.