Los escándalos que ABC ha destapado de la trama Púnica

El pasado 29 de octubre, tras el estallido de la operación Púnica, ABC relató cómo Francisco Granados cobró, presuntamente, sobornos en forma de casas, vehículos y cacerías de lujo.

El exsecretario general del PP de Madrid ha acumulado una docena de propiedades inmobiliarias en su pueblo, Valdemoro, además de un chalé en Marbella. Detrás de una buena parte de estos inmuebles están tres constructores: su amigo de la infancia y socio David Marjaliza –conseguidor y número dos de la trama–, Ramiro Cid Sicluna –dueño de Obras y Vías, la principal constructora de Valdemoro– y el grupo Dico, encabezado por Julián Giménez de los Galanes y Francisco Colado. Fue en un chalet construido por Dico donde arrestaron a Granados. El inmueble, su vivienda habitual, tiene 350 metros cuadrados y, según el político, lo compró a la promotora por unos 400.000 euros.

ABC también reveló cómo Granados y su socio, David Marjaliza, diseñaron el negocio perfecto para lucrarse mediante la construcción de colegios concertados. Según reveló este diario el pasado marzo, citando testigos y documentos presentes en la investigación de la trama Púnica, el ex secretario general del PP de Madrid y su amigo constructor cobraban una «mordida» de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponían en marcha. El pagador era Alfedel, una sociedad registrada en Valdemoro que se dedica a promover colegios concertados y luego venderlos a las cooperativas de profesores que los gestionarán, que eran quienes al final tenían que asumir los pagos.

La comisión se enmascaraba mediante un contrato falso de consultoría entre Alfedel y una sociedad de David Marjaliza, número dos de la Púnica. Alfedel ha promovido 20 centros, 19 de ellos donde la trama actuaba. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando este negocio, del que ya hay pruebas en la parte del sumario que aún se mantiene secreta.

Por otro lado, Granados adjudicó parcelas de suelo público en Valdemoro a empresarios de la trama Púnica por debajo del valor de mercado. Luego esas parcelas se vendían cobrando un gran porcentaje en dinero negro, para que no constara el desfase, la despatrimonialización del ayuntamiento, y para evitar el pago de impuestos por las plusvalías generadas.

ABC también ha desvelado cómo David Marjaliza se convirtió en «casero» de la Consejería de Justicia, dirigida por Granados, al alquilar los locales de los juzgados de Valdemoro. También en Valdemoro, la secretaria del ex senador destruyó documentos del Ayuntamiento de Valdemoro un día después de las detenciones.

Por otro lado, una información de este periódico provocó que la concejal socialista que iba a sustituir como alcalde de Parla al detenido José María Fraile fuera obligada a retirarse el mismo día de su nombramiento. Su padre había sido contratado por la principal empresa de la trama, que logró un contrato de 66 millones de euros en el municpio.