Tres de cada diez residentes en España reciben alguna prestación del Estado

Pensiones, prestaciones por desempleo, subsidios... Mantener el rosario de ayudas públicas que conforman el Estado de Bienestar le cuesta cada mes al erario público más de 10.500 millones de euros. Una cifra que refleja el impacto presupuestario que tiene la protección pública, que ya alcanza casi a 14 millones de españoles, según el mapa de la prestaciones que elabora cada mes el Ministerio de Empleo.

Según este mapa, el 28,9% de la población percibe algún tipo de renta pública. Es decir, casi tres de cada diez residentes. Este porcentaje no tiene en cuenta la «ayuda familiar» de 426 euros que conceden las autonomías a parados con bajos recursos y los salarios sociales de los ayuntamientos, aunque conocer con exactitud cuántas ayudas se conceden es tarea casi imposible.

Las pensiones es, a gran distancia, la partida que requiere de mayor esfuerzo presupuestario por el volumen de beneficiarios. Más de 9,3 millones reciben alguna prestación contributiva, después de haber cotizado durante toda su vida laboral, lo que cada mes requiere 8.360 millones, cifra que se dobla en julio y diciembre cuando los pensionistas perciben las extras de verano y Navidad.

Las pensiones siguen creciendo en número y cuantía y lo hacen a mayor ritmo que los ingresos por cotizaciones, lo que ha provocado que la Seguridad Social cierre un año más en números rojos. El sistema fue, junto a las autonomías, uno de los culpables de que España incumpliera el objetivo de déficit en 2015, a pesar de que durante ese ejercicio el empleo creció un 3%. La calidad del empleo que se crea, con salarios moderados y jornadas a tiempo parcial lo explican. El agujero del sistema de pensiones fue de 16.707 millones despues de que el déficit se elevara hasta el 1,26% del PIB frente al 0,6% previsto, más del doble.

El 60%, de jubilación

La mayoría de pensiones contributivas son de jubilación, el 60%. Y tras éstas, las de viudedad (2,35 millones) son las más numerosas, seguidas de las prestaciones por incapacidad permanente (936.666) y las de orfandad (339.166).

Al coste que cada año debe desembolsar la Seguridad Social para pagar estas pensiones contributivas hay que añadir los recursos que el Estado dedica cada ejercicio a subvencionar las pensiones contributivas que no alcancen el umbral mínimo fijado cada año en los Presupuestos. El objetivo de las ayudas es garantizar un nivel mínimo de subsistencia a los pensionistas que no cotizaron lo suficiente para llegar a la jubilación mínima (636 euros al mes en 2016).

El porcentaje de esta ayuda, desde 2013 a cargo solo de impuestos, ha ido en ascenso por las decisiones políticas de turno con las pensiones, especialmente de los gobiernos socialistas. De los 4.187 millones dedicados en 2002, se ha pasado a los 7.410 millones que se gastarán este año, recursos que permiten que casi tres de cada diez pensiones públicas estén hoy apoyadas con fondos públicos (26,75%).

Las pensiones son la mayor partida de gasto. Este año se llevarán 135.448,93 millones, un 2,9% más tras la revalorización aplicada del 0,25%. La partida de gastos que más ha crecido entre 2009 y 2014 ha sido la destinada a pensiones contributivas, lo que permitió elevar su peso sobre el PIB en tres puntos, hasta cerca del 15% una vez descontadas ayudas a la banca y transferencias a otras administraciones.

Tras las pensiones contributivas son las prestaciones por paro las que más recursos públicos absorben. Al acabar 2015, un total de 2,13 millones de desempleados cobraban estas ayudas, el 61% asistenciales, es decir abonadas con cargo al presupuesto.

Viento de cola

El viento de cola de la economía española se nota especialmente en el empleo, que crece a tasas del 3%. Y esta mejora ha permitido este año reducir los gastos que el Estado destina a pagar las prestaciones por desempleo. De los casi 30.000 millones dedicados en 2012 —uno de los años más duros de la crisis—, a financiar el desempleo se rebajó hasta los 20.605 millones, un 16,1% menos que lo gastado en 2014, y casi 5.000 millones menos que los 25.300 millones previstos en un principio para 2015.

Los datos de la Seguridad Social reflejan también que un total de 453.547 personas perciben alguna pensión no contributiva, tanto de jubilación o de invalidez, y que existen 4.730 pensiones asistenciales, unas prestaciones que se conceden a ancianos y enfermos que no tienen otros recursos económicos. Esta partida ha menguado un 12,9% en el último ejercicio, casi idéntica caída a la sufrida por el número de perceptores de prestaciones del Lismi, un seguro en extinción, que en 2015 lo percibían 11.503 beneficiarios, un 13,2% menos.