Quique Pina, en un partido del Cádiz CF.
Quique Pina, en un partido del Cádiz CF.

Cádiz CF

Se cumple un año de la detención de Pina

Los coletazos de la 'Operación Líbero' siguen persiguiendo al exconsejero del Cádiz CF

Por  10:33 h.

Hoy se cumple un año de la detención del que fuera consejero delegado del Cádiz CF, Quique Pina, que fue detenido en Murcia en el marco de la ‘Operación Líbero’, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Desde primera hora de aquella mañana, en torno a las 9.00, efectivos de la Policía Nacional registraron las oficinas del Estadio Ramón de Carranza.

Dos equipos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) estuvieron custodiando los accesos. Algunos de los trabajadores de las oficinas del club cadista abandonaban sus puestos de trabajo por orden judicial para que se pudieran efectuar los registros.

Los investigadores buscaban un posible blanqueo de capitales en diversos contratos de jugadores en los que habría participado Quique Pina.

La ‘Operación Líbero’ se desarrolla en varias provincias como Murcia, Granada, Barcelona y Cádiz.

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Precisamente, y según publicaba recientemente Ideal de Granada, el juez sigue investigando a Pina y al que fuera su socio y actual dueño del Udinese, Gino Pozzo.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado investigar los movimientos bancarios y la titularidad de una veintena de empresas radicadas en el extranjero y supuestamente relacionadas con los principales investigados en la Operación Líbero: el Granada C F, su expresidente Quique Pina y el expropietario del club, el italiano Gino Pozzo. Lo ha hecho a través de un auto fechado el pasado 20 de noviembre, en el que acuerda la práctica de estas diligencias de investigación que sobrepasarán nuestras fronteras.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid ha acordado librar varias comisiones rogatorias a Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Mónaco, así como una orden europea de investigación a Luxemburgo.

La investigación judicial que dio lugar a la operación Líbero, que conllevó en enero de 2018 la detención del expresidente así como el registro de las oficinas del nuevo estadio Los Cármenes, se inició a finales de 2016. Fue el 28 de diciembre de ese año cuando el juez De la Mata incoó unas diligencias previas -una investigación por delito- para determinar si durante la etapa de Pina al frente del club se pudieron cometer delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Los investigadores policiales relacionaban esos posibles ilícitos con el Granada CF, el expresidente, el referido empresario italiano y «su entorno económico y societario». Estas nuevas diligencias acordadas, que han sido apoyadas por la fiscalía de la Audiencia Nacional, fueron propuestas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Si el juez De la Mata ha accedido a pedir toda esa información es porque en los últimos documentos unidos a la causa -muchos de ellos intervenidos durante los registros que se practicaron- afloran nombres de gran número de entidades extranjeras «que intervienen en las operaciones relacionadas con la investigación que se lleva a cabo».

El grupo más nutrido de empresas vinculadas a los hechos objeto de investigación está por lo visto relacionado con el club rojiblanco.

De la investigación se desprende que hubo varias operaciones de venta de jugadores entre clubes de tres ligas europeas de fútbol profesional -España, Italia y Reino Unido- que se gestionaban supuestamente «bajo el control último de Gino Pozzo», a quien se considera «propietario real» del Udinese Calcio italiano, el Watford inglés y el Granada CF SAD.

Esas operaciones generaban beneficios por los traspasos, compras y cesiones de derechos entre sus jugadores y el juez trata de averiguar si las plusvalías se declaraban como era debido o si se declaraban en «un mínimo porcentaje del 5 o el 10%, eludiendo las obligaciones fiscales con las respectivas Haciendas nacionales». Quiere determinar si esos beneficios presuntamente no declarados -en caso de haberlos- se desviaban al fondo luxemburgués Fifteen Securitisation S. A., cuya propiedad se atribuye al italiano.

La causa también quiere esclarecer si Pina hizo pagos a mercantiles vinculadas a Pozzo -la resolución cita expresamente a Group Serton 33 SLU- o a sí mismo -a través de la empresa Calambur Intermediaciones S. L.- «que podrían corresponder a servicios no efectivamente prestados en el ámbito del seguimiento de jugadores e intermediación en los contratos».

Aparte, Pina, según el auto del instructor, estaría vinculado con una serie de mercantiles «instrumentales carentes de una actividad propia y administradas sobre el papel por terceros de su confianza (familiares)» que habrían sido utilizadas para el cobro de sus salarios en el Granada CF y el Cádiz C F, así como de supuestas comisiones de traspasos de jugadores.

Cabe recordar en este punto que Pina fue destituido como consejero del club gaditano tras su ingreso en prisión provisional y que en la causa se personó la mercantil Sinergy HG Limited (accionistas del Cádiz), representada por el letrado Enrique Zarza, del Grupo Agaz Abogados.

Las operaciones bajo sospecha, según cree el instructor, habrían supuesto unos «riesgos fiscales» al Granada C. F. en los ejercicios de 2013 a 2014, 2014 a 2015 y de 2015 a 2016.