El Poder Judicial se divide antes de votar el viernes la reforma del aborto

El Consejo General del Poder Judicial llegará más dividido que nunca a la reunión del pleno de este viernes, en la que se debatirán los dos informes del anteproyecto de la ley del aborto impulsado por el Gobierno. A las dos propuestas enfrentadas sobre la reforma que se votarán en el cónclave, ayer se sumaron nuevas alegaciones de cuatro vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Dos de estos consejeros, Mercè Pigem y Enrique Lucas, firman un escrito en el que se recomienda al Gobierno que «se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación». Un argumento que es una invitación al Gobierno a retirar la reforma, como sostiene la ponente progresista Pilar Sepúlveda.

Estos dos vocales nacionalistas afirman, además, que hay una razón de seguridad jurídica que el Ejecutivo no puede soslayar y que atiende a la propia materia objeto de regulación. Alertaron, asimismo, de la situación de inseguridad jurídica que derivaría de una declaración de constitucionalidad del modelo vigente -de plazos, según la ley de 2010 impulsada por el Gobierno socialista- por parte del Tribunal Constitucional. Y es que la corte aún estudia el recurso presentado hace casi cuatro años por el PP.

Seguridad jurídica

También el vocal Fernando Grande-Marlaska, propuesto por los populares, alude a las razones de seguridad jurídica en el escrito registrado ayer. Dice que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el tribunal de garantías aún no se ha pronunciado sobre la legalidad de la norma vigente, «habría que esperar a su resolución».

Por último, la vocal Nuria Díaz, también propuesta por el PP, discrepa de las propuestas de informe presentadas por las ponentes, la conservadora Carmen Llombart y la progresista Sepúlveda, que coinciden en pedir que el supuesto del aborto eugenésico en los casos en los que exista una anomalía fetal incompatible con la vida, y plantea que se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer por entender que no se da conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido.

Díaz recordó en su escrito que el Comité de Bioética ha considerado que la despenalización del aborto en la regulación de 1985 y de 2010 en el supuesto de anomalías del feto «es una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad». Y concluye que su introducción deja al feto desprotegido.