«La ley ampara el plazo máximo de un año de prórroga»

La delegada provincial de Salud e Igualdad, Miriam Alconchel, defendió ayer la legalidad de la prórroga aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado martes. Según dijo, «es el plazo máximo» que contempla la norma reguladora y aseguró que «garantiza el servicio sanitario durante ese tiempo tal como se ha venido prestando hasta ahora». La delegada lanzó un mensaje de tranquilidad poco antes de la movilización de los trabajadores asegurando que «los usuarios de la sanidad pública podrán seguir acudiendo a la urgencias de las clínicas Pascual». Sobre la intención de la empresa de recurrir esta prórroga ante los tribunales, Alconchel dijo que «está en su derecho a hacerlo si lo cree necesario» y recordó que no sería la primera vez, puesto que ya ha llevado ante el juez liquidaciones anteriores de conciertos que terminó perdiendo.