El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas. :: L. V.
CÁDIZ

Se ponen en marcha otros 16 expedientes de expropiación en toda la provincia

El delegado asegura que han sido 96 las familias que se han dirigido a la Delegación territorial para solicitar «protección»

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas (IU), anunció ayer durante un acto institucional que la entrada en vigor de la ley andaluza antidesahucios ha permitido tramitar 16 nuevos expedientes de expropiación de uso de viviendas en la provincia. Explica que la delegación están «a pleno rendimiento» para que puedan publicarse «lo antes posible» en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y pueda darse una solución «de manera inminente» a estas familias.

Cárdenas explicó que se han tramitado administrativamente esos 16 expedientes, constatándose que cumplen con los requisitos legales establecidos. A su juicio, esta cifra pone de manifiesto que «la ley está pensada para ayudar a las familias a que dejen de sufrir por la pérdida de sus viviendas».

Por otra parte, en cuanto al único expediente de expropiación de uso de una vivienda de la provincia -concretamente de San Roque- ya publicado en BOJA, el delegado territorial ha informado de que el banco y el hipotecado han llegado a un acuerdo, con lo que no ha sido necesario iniciar el trámite. La Junta de Andalucía hace una valoración «muy positiva» de ese acuerdo, ya que entiende que «hemos ayudado a que esa familia pueda tener resueltas, con carácter mucho más estable, sus necesidades habitacionales». «Creemos, además, que ese es el camino y confiamos en que el Gobierno se siente con nosotros -por la propia Junta- y también con estas realidades», añadió el delegado. Por otro lado, desde la misma Delegación de Fomento y Vivienda en Cádiz han indicado que un total de 96 personas han acudido a las oficinas de atención para la vivienda «solicitando protección», con lo que se trata de casi un centenar de personas «potencialmente beneficiarias de expropiaciones de uso o de otras medidas de protección que establece la Consejería».