La jueza Alaya investigará también el caso de las facturas falsas de UGT

La jueza Mercedes Alaya se encargará también de la investigación sobre el desvío de fondos públicos concedidos al sindicato UGT. Así lo ha decidido el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, que alega conocimiento previo del caso por parte de la magistrada de instrucción número 6, dada la investigación dentro de la 'operación Heracles' de la supuesta financiación ilegal de los sindicatos y las sobrecomisiones en los ERE raudulentos.

El juez de instrucción 9 planteó una cuestión de competencias tras corresponderle una primera denuncia contra UGT del sindicato Manos Limpias, por el presunto desvío de fondos para el empleo para la confección de pancartas, para fiestas, manifestaciones y otros usos, a través de facturas falsas. Manos Limpias ha realizado hasta nueve ampliaciones de su denuncia, que están repartidas por diversos juzgados sevillanos, los números 4, 5 y 19. La fiscalía investiga además una denuncia de UPyD.

El decano ha hecho prevalecer el criterio de competencias sobre el de la fecha de incoación del procedimiento.

Mercedes Alaya instruye ya otras cinco macrocausas, el caso de los ERE fraudulentos, la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis y tres sobre Mercasevilla, en una de las cuales, referida a la venta de suelos, han prescrito dos de los tres delitos imputados.

Recurso de Lozano

Por otra parte, el exviceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, ha recurrido la fianza de responsabilidad civil impuesta por la jueza, y que asciende a 46,6 millones de euros. La considera «prematura, discriminatoria y desproporcionada» y cree que la imputación de delitos de prevaricación y malversación es «rocambolesca y descabellada».

El recurso del letrado José María Mohedano, del que informa Europa Press, pide la nulidad del auto por la «inexistencia de indicios racionales de criminalidad». Llama la atención de que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la propia Junta han apreciado «indicios reforzados o superiores» y no han solicitado ninguna medida cautelar civil. Sí lo hicieron las dos acusaciones populares, PP y Manos Limpias, que carecen de legitimación dentro del proceso penal, por lo que el abogado cree que si el juez las adopta supone «además de un exceso censurable, una absoluta pérdida de imparcialidad».

Mohedano critica la «inconsistencia» del auto de fianza y llama la atención entre la contradicción entre la acusación formulada a Lozano de «ordenar y propiciar a sabiendas» y «alterar la realidad presupuestaria», y lo que recoge el auto recurrido, donde pasa a ser «un mero conocedor, permisivo» de las transferencias de financiación.