La vicepresidenta del Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros que dio el visto bueno a la ley de emprendedores. :: J. R. LADRA
Economia

La Ley de Emprendedores sustraerá 1.600 millones a los ingresos en 2014

La normativa detraerá otros 427 millones de euros en 2015 por el aumento de las desgravaciones por inversiones en I+D

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La Ley de Emprendedores, incluida por el Gobierno en el listado de reformas estructurales remitido a Bruselas y anunciada como un instrumento decisivo para estimular la actividad y el apetito por los negocios, tendrá algunos efectos adversos para las arcas públicas. El Ejecutivo calcula que la puesta en marcha de los incentivos fiscales previstos en 2014 para pymes y autónomos -IVA de caja y deducciones por reinversión de beneficios- restará 1.600 millones de euros a la recaudación del Estado. En 2015 la administración recuperará parte de esos fondos, pero dejará de ingresar otros 427 millones por las desgravaciones por I+D.

El mayor impacto de la Ley de Emprendedores sobre la recaudación tendrá lugar el año que viene, cuando entrarán en vigor las medidas fiscales de mayor calado. El 1 de enero de 2014, las pymes y autónomos que lo deseen podrán acogerse al llamado IVA de caja, sistema que destierra la obligación de ingresar las cuotas de ese impuesto hasta haber cobrado las facturas. Los negocios que se acojan a esa facilidad tampoco podrán deducir el IVA soportado hasta haber pagado sus propias deudas con sus proveedores.

El Gobierno explica que ese mecanismo, que sustituye el criterio de devengo por el de cobro de la factura, supone «desplazar» ingresos estatales al año siguiente. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, reconoció que provocará en 2014 una «bajada de la recaudación» estimada en 983 millones de euros, que «debería recuperarse en 2015». La contrapartida es que debe servir «para mejorar la liquidez de las empresas» y «aliviar las tensiones» de tesorería que ponen en cuestión la viabilidad de millones de negocios. Las comunidades autónomas, que cuentan entre sus principales ingresos con la cuota del IVA, lo notarán en forma de merma de las entregas a cuenta. El importe total que dejarán de ingresar será en torno a la mitad de esos 983 millones.

Hacienda cree que el IVA de caja beneficiará a un millón de pymes y 1,3 millones de autónomos con facturación inferior a dos millones de euros anuales. CEOE ha pedido elevar ese umbral para que también las grandes empresas puedan beneficiarse. El Ejecutivo responde a la patronal que es un modelo diseñado en Bruselas, ya implantado en otros países y con un techo pactado. Portugal, Suecia, Alemania, Eslovenia y Estonia fijaron el máximo en 500.000 euros, mientras que Reino Unido lo amplió a 1,75 millones. España, al situarlo en dos millones, se equipara con Austria e Italia. Elevar el límite para extenderlo a más compañías requeriría un acuerdo unánime de los Veintisiete.

Deducciones

La segunda gran medida tributaria incluida en la ley es la deducción por reinversión de beneficios, que busca incentivar la capitalización empresarial y la inversión en nuevos activos tangibles. El Estado estima que su implantación le costará 624 millones. Podrán acogerse 200.000 personas físicas (autónomos) y 185.000 sociedades de reducida dimensión -en este caso, cuya cifra de negocios no supere los diez millones de euros anuales-.

El incentivo consiste en una deducción del 10% en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades de los beneficios ordinarios o extraordinarios (fruto de la venta de activos) obtenidos que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias para la actividad económica. Hacienda cree que así la tributación efectiva de los beneficios no distribuidos se situará entre el 15%y el 20%, según el importe de la base imponible. La obligación de reinversión se establece para el ejercicio en que se obtiene el beneficio y los dos posteriores. Los activos deberán estar en funcionamiento cinco años, salvo vida útil inferior.

Además, en 2015 el Estado prevé comenzar a abonar las nuevas desgravaciones por inversiones en I+D, que pretenden favorecer las actividades de investigación y desarrollo. Deducciones que restarán ese año 427 millones de euros a los ingresos públicos. El efecto del resto de medidas, como las deducciones para inversores particulares ('business angels') o patentes no ha sido estimado por ser «muy pequeño».