Rodríguez de Castro denuncia en el Constitucional ser víctima de «torturas»

El juicio por el 'caso Rilco', una de las investigaciones sobre la gestión de la Zona Franca de Cádiz durante el periodo de gobierno de los dos exdelegados elegidos por el PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna -1996 y 2004- está adquiriendo un estilo propio en su desarrollo procesal. En la segunda jornada de la vista oral que se está celebrando en la Audiencia Provincial, uno de los procesados resolvió su interrogatorio responsabilizando continuamente de los hechos que se están enjuiciando a una de las acusaciones. El acusado acusador era Manuel Rodríguez de Castro, que abrió ayer el turno de las declaraciones de los seis procesados que se sientan en el banquillo. El exdelegado, que en los pasillos se declaró ante la prensa militante del PP, cerró la mayoría de sus respuestas, señalando al abogado del Estado, al que responsabilizó del régimen jurídico de Rilco, del proceso para solicitar los préstamos reembolsables al Ministerio mediante los cuales, la sociedad percibió cerca de cinco millones de euros; de por qué se recibieron facturas de la empresa adjudicataria Miami Free Zone sin que hubieran realizado trabajo alguno para Rilco. «Yo no soy funcionario y decidí dejarme asesorar por ellos (en referencia a los dos letrados que participaron en los consejos del Consorcio Zona Franca). Después me di cuenta que eran malos asesores, aunque recibían buenos estipendios».

Una y otra vez, Rodríguez de Castro mencionaba y señalaba al abogado del Estado que ejerce acusación en la sala y que no podrá declarar como testigo después de que el tribunal de la Audiencia aceptara una de las cuestiones previas planteadas por las defensas. El tribunal, que no aceptó las peticiones de aplazamiento o anulación del juicio, sí estimó parcialmente la batería de argumentos elevados por el abogado de Miguel Osuna, al que le han retirado el cargo de falsedad porque en su día declaró como testigo y no como imputado en lo relativo a este delito. Esto rebaja sensiblemente la petición inicial del fiscal que pasa de 13 a ocho años de cárcel; dos menos que su antecesor .

El dibujo que hizo de sí mismo Rodríguez de Castro, que fue el máximo responsable de la Zona Franca durante cinco años, asesor con importantes contactos en el PP y miembro de consejos de administración de distintas empresas, tuvo trazos de caricatura por momentos: «Hoy en día soy un hombre arruinado, vivo con mis padres en Mairena del Aljarafe (Sevilla) y sobrevivo con algunos trabajillos de asesoría». En ese momento de la declaración, en la que ya había negado haberse lucrado con el proyecto Rilco ni durante su etapa al frente del recinto fiscal, ya había confirmado la presentación de dos recursos en tribunales de Justicia de instancias superiores: uno de apelación ante el Supremo en contra de la sentencia del Tribunal de Cuentas que le obliga a pagar más de cuatro millones junto a su sucesor Miguel Osuna por el quebranto económico ocasionado a las cuentas de la entidad pública; y un segundo de amparo, que no dejó indiferente a nadie en la sala. Rodríguez de Castro confirmó que ha acudido al Constitucional para denunciar «torturas».

Esta acción judicial la dirige contra la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria. El representante de la primera institución acusada sólo le realizó una pregunta tras el interrogatorio del fiscal y era para que ante la audiencia reconociera que había denunciado por «13 años de cautiverio». De esa manera, el abogado buscaba desacreditar a una pieza clave en este proceso, ya que fue su polémica gestión con denuncias sobre uso indebido de fondos del Consorcio lo que dio origen a las investigaciones en las cuentas de la entidad.

Conspiración socialista

El exdelegado, como también era previsible a tenor de lo que ha venido defendiendo en los últimos años, apeló a la teoría de la conspiración orquestada por el PSOE cuando relevó al PP en la dirección del Consorcio: «A partir de 2004, estos señores -en referencia de nuevo a los abogados del Estado- se pusieron en contra de la persona que asesoraban. Se asustan o los amenazan, no sé, y se desdicen de todo lo que han hecho». ¿Y por qué ese cambio de tercio?: «Yo creo que hay razones de índole personal. Con las querellas ganaban también más dinero».

Rodríguez de Castro no fue comedido en su declaración. La consigna estaba clara: actuó siempre asesorado por los letrados y ninguno le alertó de irregularidad alguna. Para atacar directamente a la profesionalidad de los dos abogados que representaron a la institución en el órgano decisorio del Consorcio de la Zona Franca aireó la supuesta cuantía de los sueldos que percibían en calidad de asesores: «Unos 3.000 euros mensuales más regalos como libros, un jamón por Navidad y todo lo que me pedían».

Altivo se mostró ante el representante del Ministerio Público al que llegó incluso a pedirle que se callara mientras repasaba una documentación que le mostraban. El fiscal Lorenzo Sacaluga echó mano de la ironía y del sarcasmo para lidiar con un acusado que llegó a negarle que la firma que aparecía en documentos como el contrato con Miami Free Zone fuera la suya o que esta sociedad era tan conocida como Abengoa, a la que se impuso entre otras en un concurso donde incumplió con varios puntos del pliego de condiciones.

Le sucedió en el turno del interrogatorio Germán Leiva, quien reconoció que la oferta que presentaron por hacerse con el contrato de Rilco era «mediocre e incompleta» pero que se impusieron por «su altísimo nivel en comercio internacional». Este empresario norteamericano se presentó como el responsable de la sociedad que explotó durante 25 años el recinto fiscal de Miami - «uno de los más importantes de EEUU como nexo de unión entre norteamerica y América latina»-, que llegó a mover más de 1.800 millones de dólares al año. Esa sociedad la vendió en octubre de 2000, según testificó ayer, por importe de 43 millones. Dos meses después se presentarían al concurso de Rilco tras recibir una llamada de Rodríguez de Castro al que conoció en una visita que hizo el exdelegado a la Zona Franca de Miami.

Aseguró que de saber que se iba «a montar este drama» no se habría enrolado en esta operación que dice que le generó unos beneficios de 300.000 euros. «Un dinero que ya se ha perdido en los gastos de este proceso». Su declaración estuvo cuajada de respuestas argumentadas en la falta de memoria. Sus letrados tuvieron que reconducir sus respuestas con preguntas que por momentos fueron retóricas.