La juez imputa al expresidente Sanz por las dietas de Caja Navarra

El desarrollo del 'caso Caja Navarra' dio ayer un paso de gigante con la imputación del expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, del actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y del exconsejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo foral Álvaro Miranda. Los tres tendrán que declarar en calidad de imputados ante el juzgado de instrucción número 3 de la capital navarra. La titular del juzgado, Paz Benito, no acusa a los tres de ningún delito concreto en la providencia que emitió ayer, aunque en un auto de hace dos semanas para rechazar el traslado del caso a la Audiencia Nacional, Benito expresó sus sospechas de que se pudiera haber incurrido en un ilícito de cohecho.

Los acusados formaban parte de la casi desconocida Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra. En este organismo participaba también la actual presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina. Pero esta última no ha sido imputada ya que es aforada y solo puede ser juzgada en el Supremo. La juez tendrá que decidir ahora si remite la pieza de Barcina al alto tribunal. Según el auto de hace dos semanas, la juez consideraba que el cobro de dietas por asistencia a la Junta de Entidades Fundadoras y a la Comisión Permanente de Caja Navarra tiene un sustento legal «cuanto menos dudoso», calificable como presunto cohecho. Para la juez, estas dudas resultan más «evidentes» en el caso de la Comisión Permanente.

Además, las reuniones que celebraban llegaron a ser dobles y triples en un mismo día con el consiguiente cobro de dietas dobles y triples por apenas unas horas en torno a una mesa. Sanz, como presidente del Gobierno, recibía 2.680 euros por cada reunión y el resto, 1.717 euros. Una vez conocido el caso, el expresidente navaro anunció que devolverá las remuneraciones de la Comisión Permanente, unos 39.000 euros, no las cobradas de la Junta de Entidades Fundadoras; su sucesora, en cambio, afirmó que restituirá todo lo cobrado, 68.500 euros. El alcalde pamplonés también se comprometió a reintegrar el dinero.

Antecedentes

Caja Navarra creó en 2010, a través de los estatutos de la entidad financiera, la Junta de Entidades Fundadoras, un órgano consultivo en el que participaban los cargos políticos que habían abandonado el Consejo de Administración de la caja. De esta forma, continuaban cobrando las dietas que recibían anteriormente. En paralelo, y fuera de los estatutos, se creó la Comisión Permanente, en la que participaban los tres imputados y Barcina, primero en calidad de alcaldesa de Pamplona y como jefa del Ejecutivo después.

Ninguno de los imputados habló ayer, aunque el abogado del expresidente foral, Eduardo Ruiz de Erenchun, declaró en la cadena Ser que a su patrocinado «no le ha gustado nada y le ha sorprendido» la decisión de imputarle.

La oposición, sin embargo, no tardó en reaccionar. Todos los partidos, incluido el PP, mostraron su alarma por la imputación. Es significativa la respuesta de los populares, que por boca de su presidente, Enrique Martín, reclamaron «responsabilidades políticas», un paso que hasta ahora se negaban a dar. El PP, sin embargo, precisó que no apoyará a la moción de censura que presentará Bildu este viernes.

El portavoz socialista, Juan José Lizarbe destacó que la situación que se crea es «preocupante», aunque no se atrevió a reclamar el adelanto electoral que pidió la izquierda abertzale. Tanto Bildu como Nafarroa Bai destacaron que se trata de hechos «muy graves» que tienen que conducir a la dimisión de la presidenta del Gobierno. Izquierda Unida consideró la situación «inadmisible» y exigió asimismo el anticipo electoral.

Unión del Pueblo Navarro, el partido de los imputados, ofreció «el máximo apoyo» a los suyos porque «la competencia inspectora sobre Caja Navarra siempre estuvo delegada en el Banco de España».