La vivienda y la vida

Más de quinientas familias son desahuciadas cada día de sus viviendas en España por no poder pagar la hipoteca. Desde que empezó la crisis, se calcula que 400.000 familias han tenido que salir de sus hogares. Estamos ante un drama devastador, junto con el paro, el más dramático de un país lleno de realidades dramáticas.

Perder la casa en la que uno vive con su familia es una de las situaciones más desgarradoras a las que una familia se puede enfrentar, no digamos ya si a la pérdida de la vivienda le ha precedido, como es habitual, la perdida del trabajo. En los últimos días hemos sabido que hay desahuciados que se ahorcan o se tiran por la ventana cuando suena el timbre y saben que les van a echar de su casa. Tenemos en la retina imágenes de policías que se emplean a fondo contra jubilados y gente que acude a mostrar su solidaridad con los desahuciados. Es una de las situaciones que los jueces no deberían dejar de calificar como de alarma social. La pregunta es, ¿cómo es posible que el Congreso de los Diputados no haya sido capaz aún de impedir esta situación lacerante e injusta?

Hemos sabido que estos desahucios se ejecutan en cumplimiento de una ley ¡de 1909! Ley casi decimonónica que no parece acorde con la realidad actual del país.

Nos cuentan que los españoles hemos tenido que pagar 1.800 euros por cabeza para salvar a entidades de ahorro y bancarias que han sido un desastre de gestión, que han encumbrado a incompetentes, que se han guiado por la codicia insaciable, que se han lucrado en proyectos faraónicos y han pagado millones de euros a los responsables del desaguisado. Parece que hay dinero para salvar a cajas y bancos, pero no hay un euro para salvar a los ciudadanos, para impedir que les echen de sus casas. Algunas entidades de ahorro han pactado con algunos desahuciados para evitar que estos se queden en la calle.

Los jueces del pomposamente denominado Consejo General del Poder Judicial empezaron a elaborar un informe para tratar de paliar esta sangrante situación; una buena iniciativa que no ha llegado a término, no sabemos si porque el ministro de justicia la ha bloqueado o porque los propios jueces han sentido vértigo al sintonizar con los problemas de los españoles y alejarse de sus cuitas.

Estamos ante un drama brutal, con consecuencias para la salud mental de miles y miles de españoles, en un país en el que la propiedad de la casa es casi un elemento identitario. ¿Cuántos más se tienen que suicidar para acabar con esta tragedia?