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ANDALUCÍA

Los comerciantes aplauden el recurso de la Junta contra la ampliación de horarios

El Decreto-Ley impugnado afecta a Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla, declaradas zonas de gran afluencia turística

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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La Confederación Empresarial del Comercio Andaluz (CECA) valora y aplaude el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva regulación estatal de los horarios, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer.

El presidente de la CECA, Manuel García-Izquierdo, dijo a Europa Press que llevaban «bastante tiempo» pidiendo que no se modificaran los horarios comerciales. «Más si además no se regulan medidas que incrementen el consumo», afirmó García-Izquierdo que recordó que comerciantes, sindicatos, partidos y consumidores ya firmaron un manifiesto.

La interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, es el tercero contra medidas del Gobierno central anunciado por el Ejecutivo de Griñán desde el mes de julio. Según la Junta, los artículos 27 y 28 «vulneran y vacían de contenido» las competencias autonómicas exclusivas sobre horarios comerciales y rebajas, así como sobre ordenación del comercio minorista.

Además, Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, justificó el recurso en «la defensa de los intereses de pequeños y medianos comerciantes». «Ningún sector del comercio andaluz, había trasladado a la Junta la necesidad de cambiar las reglas», completó. El coordinador de Economía y Hacienda del PP-A, Rafael Carmona, instó al Gobierno andaluz a abandonar la «permanente confrontación», al hilo del recurso y le pidió un plan para «incentivar» el comercio.

Con el decreto-ley las comunidades se quedan sin margen para determinar los domingos y festivos de libre apertura. Igualmente fija en 90 el número de horas de apertura semanal de los establecimientos comerciales en días laborables y en la horquilla de 10 a 16 la de los domingos y festivos.

Además obliga declarar zonas de gran afluencia turística a todas las ciudades con más de 200.000 habitantes que alcancen el millón de pernoctaciones o reciban más de 400.000 cruceristas en un año. En el caso andaluz, la medida supondrá la declaración de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

El recurso autorizado también incluyó la impugnación del artículo 8, que modifica el régimen de vacaciones y permisos de los empleados públicos.