El presunto infiltrado en el sistema

Francisco Casto Pérez era inspector en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta y por tanto, la persona que supuestamente falsificaba los informes para lograr las pensiones fraudulentas. Como principal acusado, la Fiscalía pide para él diez años de prisión y una multa de 21.400 euros. Pero la acusación particular lo eleva a 14 años y 228.000 euros de sanción, más las indemnizaciones. Casto Pérez defenderá su inocencia y no se ha ofrecido para un acuerdo de conformidad.