Hachazos de la edad

Han bastado 48 horas para que el compromiso de la democracia española con la gente de edad avanzada haya sido reducido a astillas por la izquierda disparatada, sin ruido, sin ruido, alegando que ha llegado el momento grave de los buzos. No han sido obstáculo las numerosas menciones de nuestra 'constitución económica' sobre el derecho a la jubilación, la protección sanitaria o los mecanismos de previsión social para garantizar la suficiencia de ingresos en la última parte de la vida; el gobierno ha congelado las pensiones de jubilación, ha fulminado la retroactividad de las ayudas a los dependientes y se propone 'acotar' el gasto farmacéutico, cuyos principales receptores son los ancianos. Parece como si el derecho español no estuviese desarrollando un profundo debate sobre la edad de jubilación en los últimos años, que los jurisperitos más avezados nos recuerdan que gira en torno a la heterogeneidad de la regulación de la relación edad-actividad productiva, que oscila entre el empleo de los jóvenes y la continuidad de los veteranos; a la polémica discusión sobre la jubilación forzosa, con grandes diferencias entre sector público y sector privado; y a la compleja regulación de la edad de jubilación, con numerosas excepciones a la edad 'ordinaria' de los 65 años. Para el Gobierno no hay ninguna complejidad, por encima de 65 años se es objetivo preferente de la venganza zapatera por el fracaso de la izquierda.