Rajoy matiza ante la cúpula del partido su apoyo total a Camps

Mariano Rajoy reconoció ayer ante la plana mayor de su partido que estuvo «desafortunado» el jueves pasado, cuando aseguró que Francisco Camps repetirá en 2011 como candidato del PP a la Generalitat «diga la Justicia lo que quiera» sobre el posible regalo de trajes al 'president' por parte de empresas de la trama 'Gürtel'. Sus palabras desataron una avalancha de críticas del Gobierno, el PSOE y los partidos de izquierda, que acusaron al jefe de la oposición de despreciar el Estado de Derecho.

Rajoy, consciente del malestar, sacó el tema en el Comité Ejecutivo sin que nadie preguntase por ello y quiso dejar claras tres cosas: que se malinterpretaron sus palabras, que él siempre acatará cualquier decisión judicial y que mantiene su total respaldo a Camps, de quien cree que es inocente y que será el candidato. El líder popular, pese a reconocer que no estuvo muy fino, terminó por apuntar al mensajero, ya que dijo que sus palabras fueron «descontextualizadas», lo que llevó a «interpretaciones incorrectas».

Explicó que no pretende despreciar sentencia alguna y que sólo se refería a la decisión que anunciará mañana el Tribunal Supremo, en la que dirá si reabre o no la investigación contra Camps. Quería dejar claro que una simple sospecha no afectará a la confianza del partido en el presidente valenciano y cortar así de raíz el debate sobre la existencia de un 'plan B' en el PP para cambiar a Camps por Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, en el caso de que el primero fuese de nuevo imputado y tuviese que sentarse en el banquillo.

La explicación fue aún más necesaria después de que el presidente fundador, Manuel Fraga, dijese minutos antes que la respuesta de Rajoy fue «claramente improvisada» y que «se podía mejorar». La aclaración del presidente popular satisfizo a los otros barones, que insistieron en que había sido malinterpretado y en su respeto a la Justicia. Camps y Barberá no acudieron a la reunión porque prefirieron estar en la presentación de un nuevo Ford en la fábrica de Almussafes.

El 'caso Camps' salpicó una reunión casi monográfica sobre la compleja situación política y económica española, en la que Rajoy destacó que se ha cumplido el vaticinio que hizo el miércoles pasado a José Luis Rodríguez en la entrevista que mantuvieron en la Moncloa, y en la que el presidente del Gobierno rechazó su oferta de pacto para encarar reformas estructurales. Le advirtió entonces de que el tiempo del Gobierno «se ha acabado» y que si no pactaba un plan ambicioso para reducir el déficit de España «le iban a poner los deberes desde fuera», en la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea del fin de semana, y, subrayó, «ha ocurrido».

El líder opositor sostuvo que la «falta de ideas» e «incapacidad» para tomar decisiones de Zapatero ha llevado a que en Europa «le hayan cantado las cuarenta, le hayan obligado a reducir el déficit, le hayan puesto los deberes, y además nos vigilen» hasta junio para comprobar que cumplimos. «España ha sido vista como un problema en Europa, lo cual no había ocurrido hace muchos años», se lamentó.

El presidente popular señaló que «ya no valen los engaños, las excusas y las medidas improvisadas» e indicó que el Ejecutivo tiene que salir de su letargo y emprender reformas estructurales profundas en la economía, como ordena Europa, porque «así no se puede seguir ni un minuto más». Aseguró que si Zapatero «de verdad» está dispuesto a tomar medidas «a fondo» para reducir el déficit y salir de la crisis, contará con el apoyo del PP, pero si pretende seguir con la misma política que encamina al país al drama griego el PP no descarta la adopción de «ninguna actuación política».

«Todas las posibilidades están abiertas», afirmó, en referencia a la posible presentación de una moción de censura al Gobierno o al aumento de la presión política para abocar al Ejecutivo a unas elecciones anticipadas, tal como reclaman desde hace días dirigentes de su partido e incluso de otros como CiU. No obstante, sabedor de que no lograría una mayoría parlamentaria para censurar y desbancar a Zapatero, se mostró cauto y matizó que «cualquier iniciativa que se adopte debe ser útil» porque «no nos gustaría poner en marcha algo que no resolviera las cosas y generase frustración».