La Cámara defiende que se consideren atentados las agresiones a profesores

El Pleno del Parlamento aprobó ayer una proposición no de Ley del PSOE, que fue apoyada por Izquierda Unida y contó con la abstención del PP, en la que se demanda a la Junta que impulse medidas para reforzar el prestigio y la autoridad del profesorado, como el reconocimiento de la autoridad magistral y académica y la promoción ante la Fiscalía de la calificación como atentado de las agresiones graves que sufran en el desempeño de sus funciones.

La iniciativa no incorporó enmiendas de los grupos de la oposición, en las que el PP-A solicitaba a la Junta que impulse una Ley que reconozca al profesorado andaluz la condición de autoridad pública, mientras que Izquierda Unida demandaba a la administración autonómica su personación como acusación particular en el caso de agresiones a profesores .

Otras medidas aprobadas por la mayoría socialista se refieren al reconocimiento profesional y el fomento de su motivación por parte de las autoridades educativas y la inspección educativa, y el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad; y a que el alumnado asuma su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel.

En la misma línea, la iniciativa aprobada apuesta por otorgar al profesorado de los centros docentes públicos la presunción de legitimidad ante la administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas; la reprobación ante el consejo escolar del centro de las personas que causen daños, injurias u ofensa al personal docente; y la asistencia psicológica y jurídica gratuita al profesorado de centros docentes públicos por hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

Debate

La diputada del PSOE-A Araceli Carrillo defendió ante el Pleno que el profesorado es un «factor clave» para la buena marcha del sistema educativo, por lo que consideró «ineludiblemente necesario reforzar el respeto a la figura del profesor y su consideración social», de forma que pueda «tener garantizadas las competencias e instrumentos necesarios para que la convivencia en el aula sea pacífico».

El diputado del PP-A Santiago Pérez criticó que la Junta aún no haya desarrollado medidas en apoyo a la autoridad del profesorado pese a estar previstas en la Ley de Educación de Andalucía (LEA) y lamentó que la actitud de la Consejería haya sido «minimizar» los casos de agresiones en el ámbito educativo. Según detalló, el Grupo Popular «comparte buena parte de las medidas» que ahora plantea el PSOE, pero dejó claro que «ya tenían que haberse implantado hace mucho tiempo».

Por su parte, el parlamentario de IULV-CA José Antonio Castro demandó a la Junta que se persone como acusación particular en el caso de agresiones a profesores «salvo que se oponga expresamente la persona agredida», así como «la materialización de la dignificación de la función docente también en materia salarial.