Juego limpio

En los últimos años hemos sido testigos en Andalucía de cómo se ha estado construyendo de manera ilegal aprovechando una situación normativa en la que las administraciones públicas no disponían de los instrumentos necesarios para atajar con celeridad estas prácticas irregulares.

Hay que decir que una gran mayoría de ciudadanos ha cumplido con sus obligaciones legales lo que, no olvidemos, supone un mayor coste económico en materia urbanística.

Pero también es cierto que la situación legal existente ha permitido a unos pocos ahorrarse importantes sumas económicas en la contribución común que todos los ciudadanos tienen que hacer en sus localidades para disponer de servicios básicos.

Desde el Gobierno andaluz hemos actuado con todos los resortes legales que teníamos en nuestras manos para atajar estas conductas. Pero no ha sido suficiente.

Conscientes de ello, la Junta de Andalucía ha desarrollado y aprobado un nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística con el que, esta vez sí, esperamos conseguir que prime de una vez por todas el juego limpio en el urbanismo andaluz.

Con este nuevo reglamento los ayuntamientos andaluces podrán iniciar procedimientos de demolición de obras ilegales por vía de urgencia e imponer sanciones que impidan el beneficio económico de los infractores.

El novedoso 'derribo express', fijado para actuaciones de urbanización o edificación manifiestamente ilegalizables, posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en el plazo de un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente, lo que supondrá una reducción de hasta once meses respecto al actual periodo ordinario de tramitación.

La Junta de Andalucía también podrá utilizar este procedimiento de forma subsidiaria en aquellos casos en los que los ayuntamientos no respondan a su requerimiento de intervención. En ningún caso el derribo podrá demorarse más allá de dos meses desde que se dicte la resolución, ya que es éste el nuevo plazo fijado con carácter general para lograr el rápido restablecimiento de la realidad física alterada.

Otra de las claves del reglamento es el refuerzo de las acciones destinadas a prevenir infracciones urbanísticas. Se incorporan así nuevas medidas de coordinación con el Registro de la Propiedad, que deberá comunicar a las administraciones competentes la solicitud de inscripción de parcelaciones cuando existan dudas fundadas sobre su licitud.

Asimismo, se amplía el listado de hechos inscribibles con nuevos supuestos de trascendencia para la disciplina urbanística, como obras fuera de ordenación, situaciones a la espera de respuesta por el planeamiento urbano y sentencias firmes que acuerdan la nulidad de licencia.

Igualmente novedosa es la introducción del principio de 'cumplimiento por equivalencia' para aquellas situaciones excepcionales en las que es imposible la ejecución material o legal de las resoluciones dictadas, previos informes técnico y jurídico que así lo acrediten. En estos casos (entre los que no se incluye el 'derribo express') se exigirá una indemnización sustitutoria en metálico o mediante la cesión de terreno, con independencia de la multa que se imponga.

Por último, en el capítulo sancionador, la principal novedad es la eliminación de la posibilidad de beneficio económico del infractor. Para ello, el texto dispone incrementos en la cuantía de la multa si tanto ésta como el coste de la reposición se sitúan por debajo del lucro ilegalmente obtenido. El reglamento es especialmente duro en el ámbito de las parcelaciones ilegales, para las que estipula sanciones en ningún caso inferiores al 150% del beneficio obtenido.

En resumen, hemos puesto en circulación desde la Junta de Andalucía una norma pionera en España que refuerza las competencias municipales en esta materia y faculta a los consistorios para agilizar la respuesta a las ilegalidades.

Una norma con la que esperamos que se imponga una situación urbanística en la que la ley sea, aquí también, igual para todos.