«¿Eso de dónde sale?»
Sáenz de Santamaría rechaza que ahora esté sobre la mesa la inhabilitación de Artur Mas o la intervención de la Generalitat El Gobierno intenta suavizar el choque con Cataluña
MADRID.Actualizado:«¿De dónde sale eso?». La pregunta la hizo Soraya Sáenz de Santamaría en referencia a una presunta intervención de Cataluña o una inhabilitación de Artur Mas si convoca el referéndum soberanista en 2014. El Gobierno quiere rebajar la tensión y el enfrentamiento que se ha generado con la Generalitat de Cataluña y, en absoluto, se plantea ahora adoptar medidas legales drásticas.
La intervención de la comunidad al amparo del artículo 155 de la Constitución o la inhabilitación de su presidente, prevista en los artículos 404 y 410 del Código Penal, son alternativas que forman parte del arsenal jurídico que tiene el Gobierno en caso de que la Generalitat de Cataluña pase de las palabras a los hechos y convoque una consulta ilegal para ejercer el derecho de autodeterminación. Pero unas respuestas tan contundentes no forman parte de la estrategia gubernamental, al menos a corto plazo.
La vicepresidenta se mostró ayer sorprendida en una conversación informal en el Congreso de que alguien haya dicho que la intervención de la autonomía y la inhabilitación del presidente estén sobre la mesa porque no es así.
Sáenz de Santamaría ha dicho en reiteradas ocasiones que el Gobierno tiene «muchos mecanismos» para evitar que se cometa una ilegalidad, como sería una consulta unilateral, pero nunca ha citado las previsiones constitucionales ni el articulado del Código Penal. Que sí se contemplan, pero como ultimísimo recurso que el Gobierno está casi convencido de que nunca será necesario utilizar. Lo que el Ejecutivo no va a hacer es adelantar acontecimientos y mostrar sus intenciones sobre escenarios que aún ni se atisban.
Al Constitucional
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se sumó a los llamamientos a «la sensatez» y a fomentar «la cooperación» entre ambos gobiernos. «Esa es la opción que baraja el Gobierno», afirmó el dirigente popular.
Pero en la hipótesis de producirse la convocatoria ilegal de la consulta, Mariano Rajoy la recurriría ante el Tribunal Constitucional, que ordenaría de inmediato la suspensión de la votación. En la Moncloa creen que con ese paso sería suficiente para desarbolar los planes soberanistas. Rajoy y otros miembros del Gobierno están persuadidos de que Mas no cruzará esa línea roja, como tampoco lo hizo en su momento el lehendakari Juan José Ibarretxe.
Esquerra Republicana es otra cosa, afirman las fuentes gubernamentales, que no descartan que los republicanos, si se diera el caso, presionen a CiU para burlar al Gobierno y desafiar al Constitucional con la celebración de una consulta en urnas callejeras o en dependencias municipales. Ya lo hicieron en la pasada legislatura con escaso éxito de afluencia de votantes. Todos, o casi todos, los que fueron a votar en aquellas consultas soberanistas alegales lo hicieron a favor de la independencia, pero no eran más que el 10 o el 20% del censo.
El Ejecutivo, sin embargo, considera que esa posibilidad es muy remota y que antes de llegar a ese punto CiU abandonara el barco soberanista, bien sea por las presiones que ya ejerce el socio menor de la federación, Unió Democrática y su líder, Josep Antoni Duran Lleida, o por sectores de Convergencia en desacuerdo con ir tan lejos en el desafío al Gobierno de Rajoy.
El Gobierno también cree que harán mella en la postura de Artur Mas las presiones de distintas organizaciones empresariales catalanas, discretas por ahora, pero que harán oír su voz si los planes soberanistas dejan de ser frases en un papel. La Moncloa, de todos modos, piensa que la baza de Duran Lleida, reacio a una consulta ilegal, puede ser la más efectiva y va a explorarla. El portavoz de CiU en el Congreso mantiene una buena relación con Rajoy, pero mejor aún con Sáenz de Santamaría.
El Gobierno también piensa que la inestabilidad del acuerdo entre CiU y Esquerra juega a su favor. El análisis gubernamental es que el cemento de la frágil sociedad es el soberanismo y nada más porque en el resto -fiscalidad, recortes, medidas económicas y ajustes- están en abierta discrepancia y los términos del pacto van a crear más de una confrontación. El ministro de Eduación, José Ignacio Wert, puso letra a la opinión del Ejecutivo: «Es verdaderamente incomprensible que una coalición como CiU haya suscrito semejante disparate financiero». El texto del acuerdo recoge la creación de al menos nueve impuestos, incremento del gasto público en algunas partidas y revisión de algunas medidas de recorte.