Juicios de más en los tribunales

Los médicos no se cansan de pedir a los pacientes que no acudan a urgencias cuando sólo sufren un resfriado. Con la Justicia pasa algo parecido: cada año llegan a los juzgados de la provincia miles de asuntos y denuncias, de los cuales buena parte son meros 'resfriados', que podrían solventarse al margen de los tribunales. Aunque recurrir a la Justicia para resolver los problema es un derecho innegable, en ocasiones se abusa él. Según la última Memoria de la Fiscalía de Cádiz en la provincia se registraron más de 105.280 diligencias previas a lo largo de 2008. Sin embargo, casi la mitad de ellos (53.300 casos) acabaron archivado. De algún modo, la Fiscalía sirve en estos casos de barrera a toda una serie de juicios inútiles, pero la tramitación de la diligencias ya suponen una importante carga de trabajo. «No es inusual que algunas querellas sean temerarias», explica la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, que reconoce que muchas personas denuncian hechos como si fueran delitos, «cuando es patente que no lo son».

200 casos por mil habitantes

España es uno de los países con una de las mayores tasas de litigiosidad de Europa. «En 2008 llegamos a los 200 casos por cada mil habitantes, cuando en Francia fueron 120 asuntos y en el Reino Unido unos 50», explica Lorenzo del Río, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. «Lo cierto es que muchos de los litigios son artificiales», lamenta el magistrado gaditano que no sólo apela al sentido común de los ciudadanos. También considera que hacen falta medidas legislativas para eliminar ciertos lastres del sistema judicial.

La facilidad con que se pueden recurrir cualquier decisión judicial es uno de estos lastres, ya que a golpe de recurso algunos asuntos vagan de juzgado a juzgado durante años. «Hay muchísimos casos que se ven y dices, es una pena que estemos decidiendo por segunda vez sobre un asunto insignificante», asegura Lorenzo el magistrado gaditano, que recuerda la historia reciente de un preso gaditano que se enfrentó a tres juicios para pedir que se colocase un televisor en su celda: en un principio, la prisión denegó su petición porque suponía un riesgo de seguridad, así que el reo recurrió al juez de vigilancia penitenciaria. Éste también dijo que no en dos ocasiones; y el caso llegó finalmente a la Audiencia Provincial, donde se pronunciaron tres magistrados. Además de la costas procesales por un sencillo televisor, «pidió un abogado de turno de oficio», recuerda el presidente de la Audiencia, que recoge la propuesta de muchos jueces de «suprimir por ley el recurso en una serie de resoluciones que son de poca entidad», como los juicios de faltas.

A finales de año, el Ministerio de Justicia central dio un primer paso para atajar la litigiosidad y creo una especie de canon, que deberán pagar a partir de ahora aquellas personas que apelen una segunda instancia (aunque sólo se aplicará a los juicios de lo civil). Para interponer el recurso, se deberá entregar un depósito de dinero en los juzgados, que se perderá si la reclamación no prospera. La cantidad a pagar es casi testimonial, ya que va de los 30 a los 50 euros, pero se espera que sirva para disuadir a los abogados que recurren sólo para ganar tiempo.

Menos pena por no recurrir

Otro de los sistemas de los que se vale la propia Justicia para evitar la litigiosidad son las sentencias de conformidad, un tipo de resolución que permite a los acusados reducir la pena de cárcel a cambio de que reconozcan el delito y que se comprometan a no recurrir la condena.

Cádiz es una de las provincias andaluzas en la que más conformidades se acuerdan al año, con 5.987 en 2008 según la última Memoria de Fiscalía. Este tipo de sentencias, sin embargo, se sigue negociando momentos antes de celebrarse el juicio, por lo que se sigue sin evitar el engorroso papeleo, el señalamiento, la convocatoria del juicio y un tiempo precioso que se podrían ahorrar los juzgados, que siguen saturados.