La solución al conflicto del taxi, en manos de los socialistas

La solución del conflicto que ha levantado la protesta de miles de taxistas, con la convocatoria de una manifestación por el centro de Madrid para el jueves 17 y paros de dos horas -de 11 a 13- en el resto del Estado se encuentra exclusivamente en manos del grupo del PSOE en el Congreso. Basta con que estos diputados no recuperen un artículo decaído, en concreto el 21, en el Senado, durante la tramitación de la Ley Ómnibus. La norma refleja la liberalización de los servicios, de acuerdo con una directiva de la Unión Europea (UE). Los afectados temen que los socialistas busquen votos en el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC) para recuperar el antiguo texto. En el Ministerio de Fomento tampoco se despeja la incógnita. Sus responsables se limitan a resaltar que «el artículo ya no aparece en el texto que vuelve al Congreso».

El interrogante podrá aclararse hoy después de que se celebre una reunión fijada entre el grupo parlamentario socialista y responsables de la Confederación del Taxi de España (CTE), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Uniatramc-UGT y Fenadismer. Estas organizaciones son contrarias a la convocatoria de las protestas. Creen que todavía es el momento de la negociación.

El artículo en cuestión forma parte de un proyecto de ley, cuya aplicación viene obligada por una directiva de la UE. En resumen, el texto que se quedó en el Senado concedía a los vehículos de alquiler con conductor carácter de servicio discrecional de viajeros, lo que muchas organizaciones de taxistas interpretaron como una equiparación con la labor que ellos mismos desempeñan sin el pago de licencias. Insisten que podrán transportar viajeros con una simple autorización. El texto también abogaba por el establecimiento de limitaciones, pero no las especificaba. Remitía a un posterior reglamento que tendría que desarrollarse en los próximos meses.

La indignación en muchos taxistas aumentó al comprobar que la UE dejaba fuera de la Ley Ómnibus la liberalización de determinados servicios especiales como el suyo. «Es decir, el Gobierno se ha complicado la vida sin necesidad», argumentó José Luis Funes, de la Unión Nacional de Autopatronos del Taxi (UNALT), quien lamentó que de prosperar el artículo se producirá la desregulación del sector, con el aumento de la inseguridad y de las posibilidades de fraude para los clientes. «Nos quedaremos en una situación similar a la que padecen los países de Latinoamérica o Marruecos», añadió. La inoportunidad del artículo es compartida por el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna.