Los ecologistas depositan en la UE su anhelo de salvar la cumbre

Bruselas. Copenhague y Bruselas están separadas por unos novecientos kilómetros, pero en la Cumbre del Clima se invitó ayer a Bruselas, donde se reunían a su vez en el Consejo Europeo los líderes comunitarios. Varios activistas de Greenpeace acertaron a soslayar los controles de seguridad y se presentaron ante las cámaras en el hall de llegada de los jefes de Estado y de Gobierno de los socios de la Unión y desplegaron pancartas con la leyenda «UE, salva Copenhague». Fue una aparición fugaz, porque el muy nutrido servicio de seguridad neutralizó de inmediato a los audaces ecologistas, pero puso en evidencia las muy onerosas medidas de control que sufren sistemáticamente quienes deben seguir estos acontecimientos y que comprenden hasta convalidaciones periódicas de identidad por parte de los servicios belgas de seguridad.

El llamamiento de Greenpeace a la cumbre era simultaneado en la capital danesa por múltiples declaraciones de otros organismos que han encontrado en Europa lo que perciben como una fisura en la posición de los ricos sobre el cambio climático. La culpa la tienen, sin duda, los propios europeos, por haber hecho pública previamente su disposición a reducir en 2020 sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 30%, si los demás países desarrollados adoptan medidas equivalentes, pero al margen de las presiones, la cumbre no parecía ayer dispuesta a dar su brazo a torcer. El borrador de conclusiones, que será adoptado hoy, no contempla nuevas ofertas y aboga por la consecución de un acuerdo jurídicamente vinculante «preferiblemente en un período máximo de seis meses después» de la conferencia de Copenhague.

Lo que los líderes europeos sí tenían previsto considerar era la financiación del denominado 'Fast Start', es decir, las ayudas que la UE y otros países ricos darán a los pobres en el trienio 2010-2012, para comenzar el proceso de reducción de emisiones. De esta cumbre podría salir un compromiso de unos 2.000 millones de euros al año. Fuentes de La Moncloa comentaban ayer que la participación española será de 100 millones anuales, 300 en total.

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