La Fiscalía rechaza pactar la expulsión de los piratas y pedirá más de 200 años de cárcel

El juez Santiago Pedraz ha procesado a los dos supuestos piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero 'Alakrana' por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas -no les acusa de asociación ilícita-, por lo que podrían ser juzgados en dos semanas. Esta decisión, que podría suponer un paso hacia la expulsión de los dos detenidos contrasta con la petición de penas que hará la Fiscalía.

El Ministerio Público ha rechazado alcanzar un acuerdo de conformidad con la defensas que posibilite esa expulsión de España, y pedirá para ellos penas que previsiblemente superarán los 200 años de cárcel. Así lo han anunciado fuentes jurídicas, que han precisado que el escrito de acusación en el que se solicite la pena exacta para 'Abdu Willy' y 'Raageggesey Adji Haman' por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas se presentará cuando el juez Santiago Pedraz acuerde la conclusión del sumario, una vez que los ha procesado.

La Fiscalía "no se apartará ni un milímetro de la vocación de hacer justicia", han asegurado fuentes del Ministerio Fiscal, que añaden que no tiene ninguna intención de alcanzar un acuerdo que pueda facilitar la expulsión de los supuestos piratas en aplicación de la Ley de Extranjería, tal y como ha reclamado la defensa de 'Abdu Willy'. Para el representante público "no hay causa legal" para aplicar la Ley de Extranjería. El fiscal acusa a los detenidos de 36 delitos de detención ilegal -castigado con penas de 6 a 10 años de cárcel- y de uno de robo con violencia y uso de armas -que se castiga con penas de entre tres años y medio y cinco de cárcel-, lo que hará que su petición se eleve a más de 200 años de prisión. En concreto, la mínima pena que podría reclamar la Fiscalía sería de 219 años y medio de cárcel y la máxima de 365 años de prisión. Según las fuentes, la intención del Ministerio Público es solicitar penas altas con las pruebas que constan en la causa.

Desde el Congreso, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha declarado que comprende "perfectamente" que tanto los fiscales como los jueces que llevan el caso traten de acelerar el proceso, con todas las garantías, para resolver la crisis "lo antes posible".

La estrategia de la defensa

El auto de procesamiento de Pedraz sostiene que los informes de la Comisaría General de Información y del Estado Mayor de la Defensa determinan que los detenidos abandonaron el 'Alakrana' un día después del secuestro -el 3 de octubre- y que entre el material que les incautaron había 2.500 dólares americanos, seis móviles de la tripulación y efectos del barco, como una navaja de Albacete.

El abogado de 'Abdu Willy', Francisco Javier Díaz Aparicio, pretende que a los detenidos se les aplique el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería -previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión-, ya que entiende que debe valorarse cada delito individualmente y no de forma global. Sin embargo, las fuentes consultadas consideran que eso supondría un "fraude legal" porque si los supuestos piratas son condenados a más de 200 años de cárcel, no tendría sentido que se tuviera en cuenta la pena individual de uno de los delitos. Con este argumento presente, las posibilidades que habría para que los detenidos regresaran a Somalia, tal y como reclaman los secuestradores del 'Alakrana', pasarían por que el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, concediera un indulto o se alcanzara algún acuerdo con el país africano para que cumplieran allí la condena que les imponga la Audiencia Nacional.