El futuro de las fosas comunes de la Guerra Civil, en manos del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo está a punto de asumir la misión de buscar una solución al espinoso conflicto jurídico tejido en torno al futuro de las fosas comunes procedentes de la Guerra Civil y primeros años de la represión franquista. El Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazó hoy la competencia que sobre los osarios localizados en la provincia andaluza le había cedido la Audiencia Nacional. Según fuentes fiscales, días atrás un juzgado de instrucción de Barcelona adoptó una resolución similar, lo que hace inevitable la puesta en marcha de un mecanismo procesal, el conflicto negativo de competencias, que debe resolver el alto tribunal.

La causa rechazada ahora es el sumario abierto el pasado año por el juez Baltasar Garzón, que unificó más de treinta denuncias de particulares, colectivos o asociaciones que reclamaron la intervención de la Audiencia Nacional para proceder a la apertura de las fosas comunes, la identificación de los restos y la persecución de los asesinos. El magistrado reconvirtió esas diligencias en un proceso por genocidio y crímenes de lesa humanidad que dirigió contra el dictador Francisco Franco y sus principales colaboradores, motivo por el que el Supremo le imputó el pasado miércoles por un delito de prevaricación.

En noviembre, el juez se dio por enterado del fallecimiento del general Franco y sus adláteres y se inhibió del sumario a favor de 62 juzgados territoriales en cuyas jurisdicciones se encuentran las fosas objeto de las denuncias iniciales, para que fuesen ellos los encargados de resolver las peticiones de apertura. En la mayoría de los casos, los jueces que recibieron las diligencias las archivaron en vía penal y derivaron cualquier otra actuación al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Histórica.

Ese proceso, según muchos de los denunciantes y de las asociaciones que reivindican la memoria de los perdedores de la Guerra Civil, ha sido muy insatisfactorio para los intereses de los familiares de los represaliados por el franquismo.

Según fuentes fiscales, el pasado martes un juzgado de Barcelona no archivó la causa de Garzón, sino que la aceptó tal y como fue instruida por el juez de la Audiencia Nacional y la devolvió a ese tribunal por entender que los delitos investigados exceden su ámbito de competencias. Un escueto comunicado difundido hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informa que lo mismo hizo hoy la juez de Instrucción 3 de Granada, Aurora Fernández.

Consecuencias

La primera consecuencia de la decisión de la juez Fernández es que la fosa donde podrían estar los restos de Federico García Lorca no será abierta, tal y como pedían los descendientes de dos republicanos que comparten sepultura con el universal poeta, el maestro Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí.

Y la segunda consecuencia, según fuentes de la Audiencia Nacional, es que la negativa de ese tribunal y de los juzgados de Granada y Barcelona a asumir la competencia en el asunto deberá ser resuelta por la Sala Segunda del Supremo. Será, según estas fuentes, una oportunidad para que el alto tribunal fije cómo abordar las peticiones de exhumación de osarios de la Guerra Civil y primeros años de la represión franquista, un asunto para el que la justicia nunca ha conseguido una respuesta unitaria.

Portavoces de la Fiscalía General del Estado avanzaron que, una vez se plantee ese conflicto ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público mantendrá la misma postura que hasta ahora: la vía penal no es solución, y las reclamaciones de los descendientes de las víctimas del bando republicano deben ser satisfechas según la previsión de la Ley de la Memoria Histórica.