Mi pensión en 2029

Setenta años cumpliré, si Dios quiere y las calamidades que se avecinan lo permiten en 2029. Como quien dice, a la vuelta de la esquina. Desde mis cuarenta, crisis incluida, la vida es rápida, diría yo trepidante. A partir de esa edad, el corto, el medio y el largo plazo se confunden. Veinte años están ahí mismo. Para que la vida siga a partir de entonces y no sea un mero acto de supervivencia, por sentido común no podemos demorar el ajuste permanente en nuestro sistema de pensiones y desde luego, disponer de toda la información necesaria ahora, para poder adoptar cada uno también, las decisiones que procedan en la actualidad, para no tener sorpresas desagradables en el futuro, que nos permitan seguir viviendo a partir de la década de los treinta y no tener que contentarnos irremediablemente con sobrevivir, que no vivir. ¿Qué hacer con la Seguridad Social española? El envejecimiento de la población obliga a todos los estados a plantearse esta cuestión, trascendental para la propia economía del país en cuestión, como de su propia sociedad. El problema objeto de análisis, no es que sea irresoluble «per se», pero en ningún caso puede considerarse resuelto para siempre, porque simplemente no es posible. Por lo tanto, en la coyuntura en la que nos encontramos es normal a la vez que urge preguntarnos ¿qué dirección debe tomar la política de pensiones?

Es prioritario tomar de forma inmediata dos decisiones. Una, las Cortes españolas deben adoptar el acuerdo de excluir en cualquier caso la reforma de las pensiones de los hoy jubilados, amén de seguirles actualizando sus pensiones conforme a la actual legislación vigente. Es lo menos que se puede hacer con la generación que sólo conoció austeridad y penalidades en las épocas de la guerra y posguerra. Dos, reconocidos los límites intrínsecos y extrínsecos del Pacto de Toledo, es preciso, urge políticamente y económicamente es una estrategia de futuro irrenunciable, la formulación de propuestas precisas para superarlo.

Mi opción de reforma para el futuro es llevar hasta las últimas consecuencias el artículo 41 de la Constitución Española que exige a los poderes públicos mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, amen que las prestaciones complementarias serán libres. Esto permite estratificar el sistema en tres subsistemas. El primero, público y obligatorio, con sistema financiero de reparto. Sería el equivalente al actual, pero garantizando una prestación mínima a todos los cotizantes, según grupos de cotización y bases tarifadas. El segundo, público y obligatorio también, pero a diferencia de aquel, con sistema financiero de capitalización y con bases según salarios reales. Debiera ser gestionado a través de las mutuas, en su calidad de entidades colaboradoras del sistema, en el que se deberá realizar las mayores transformaciones para la sostenibilidad futura del sistema, debiendo alcanzar su nivel óptimo, cuando tenga un grado de incidencia del 30% sobre el primer nivel. Éste, al ser de capitalización, no sólo garantiza e individualiza las aportaciones de cada uno de los trabajadores, sino que inexorablemente tiende a incrementar la tasa de ahorro de la economía española, que como índice macroeconómico es de las más bajas del mundo desarrollado. El tercero, libre y voluntario, no por ello menos necesario, se articularía a través de planes y fondos de pensiones y contratos de seguro que mejoren voluntariamente las prestaciones ordinarias del sistema. Todas ellas con mecanismos de gestión eminentemente privados. Sin cambios hoy para mañana, mi pensión existirá en el 2029, pero será una pensión cercana a la mínima. Todos igualados por abajo.