La Guardia Civil ha llamado a declarar al alcalde de Chiclana y dos altos cargos de la Junta por supuesta malversación

La guerra política en el Ayuntamiento de Chiclana, que tuvo como desencadenante la moción de censura contra el débil gobierno de coalición liderado por el PP, ya ha adquirido tintes policiales y judiciales. La denuncia de mayor envergadura, porque llega a salpicar a altos cargos de la Junta, aunque la investigación gira sobre su etapa en el Consistorio chiclanero, es la que formuló en julio, y ratificada en noviembre del año pasado, el grupo municipal popular contra lo que denominaron el archivo de expedientes sancionadores de urbanismo entre los años 2003-2006.

Siete miembros de la Corporación local durante ese intervalo de tiempo han prestado declaración por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Entre ellos están el alcalde socialista José María Román y el actual secretario general de Deportes del Gobierno Regional, Manuel Jiménez Barrios, quien ostentara el bastón de mando de la Alcaldía desde 1994 hasta el 15 de junio de 2004. Otro de los denunciados es el presidente de la empresa pública Egmasa y viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez.

Esos interrogatorios se produjeron entre los días 11 y 17 de febrero y las pesquisas fueron ordenadas por el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, que tiene abiertas unas diligencias informativas para dilucidar si existen pruebas consistentes de que el PSOE aplicó la dejadez administrativa para dejar sin efecto más de 1.700 expedientes sancionadores relativos a las miles de construcciones que fueron levantadas al margen del planeamiento. En concreto, la denuncia cita 1.717 casos, de los cuales sólo se ejecutaron diez de ellos.

Tribunal de Cuentas

Las diligencias informativas aún no han llegado a su fase de conclusión, la cual puede desembocar en dos decisiones: el archivo de las actuaciones por falta de indicios o la denuncia del Ministerio Fiscal que se presentaría en los juzgados de Chiclana. Fuentes directas del caso confirmaron que esa decisión podría producirse en las próximas semanas. Si bien los populares ya advirtieron que estarían dispuestos a elevar el asunto al Tribunal de Cuentas, en función de los resultados de la investigación de la Fiscalía.

El reciente equipo de blanqueo de capitales, integrado en la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, ha sido el encargado de interrogar a los implicados. Estos agentes llevan pocos meses especializados en las investigaciones patrimoniales y su equipo es fruto de la especialización que se están produciendo en los cuerpos policiales para afrontar determinadas realidades delictivas que van en aumento como la delincuencia urbanística o la corrupción en las administraciones públicas. Cada denunciado fue informado de que estaba imputado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales.

Los denunciantes sostienen que de los 1.717 expedientes sancionadores incoados, sólo quince llegaron al Servicio de Recaudación del Ayuntamiento; uno correspondiente al año 2005 y el resto es de 2006. El PP asegura, según la información que ha aportado a la Fiscalía, que sólo se cobraron diez de estos expedientes, lo que pudo suponer, haciendo un cálculo somero del importe medio por sanción, unos 100 millones de euros que dejaron de ingresar las arcas públicas.

Precisamente el fiscal Núñez ha señalado en numerosas ocasiones la responsabilidad que han tenido los Ayuntamientos al dejar crecer la bolsa de viviendas ilegales de sus municipios, practicando el silencio administrativo y no defendiendo los planeamientos urbanos.

stubio@lavozdigital.es