Un juez encuentra indicios de delito en el espionaje al vicepresidente de Madrid

El juez de Instrucción nº 47 de Madrid ha abierto diligencias para esclarecer el espionaje del que fue objeto el vicepresidente de la comunidad autónoma, Ignacio González, en sus viajes a Colombia y Sudáfrica. La decisión responde a la denuncia que presentó el gobierno de Esperanza Aguirre.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó que el Ministerio Público también ha remitido al juzgado madrileño las denuncias presentadas por otros dirigentes del PP que se consideran espiados: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero Alfredo Prada.

El juez dice en su resolución que ha comprobado que existen indicios de delito en los hechos denunciados por el gobierno autonómico, que son las noticias publicadas por 'El País' según las cuales González «habría sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses». Asimismo, el gobierno madrileño denunció que «de la información reseñada se deriva la posibilidad de que estas conductas se hubieran podido producir respecto a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid».

La denuncia fue presentada antes de que se publicaran los informes sobre los seguimientos a Cobo, Prada, la diputada Carmen Rodríguez y el ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta. Choca con la tesis que, después, abrazó el gobierno de Aguirre. La presidenta, sus consejeros y el portavoz del PP de Madrid, Juan José Güemes, sostienen ahora que no hay trama de espionaje y todo es «una gran mentira».

El delito que investiga el juez instructor está tipificado en el artículo 197 del Código Penal y está castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

El juez estima que debió ser Ignacio González quien interpusiera la denuncia, por lo que pide que ratifique la presentada por la comunidad para continuar con sus actuaciones. «Para proceder por los delitos previstos en este capítulo será necesaria una denuncia de la persona agraviada o su representante legal», según el artículo 201 del Código Penal.

Por eso, el juez ha citado al secretario general de la comunidad para saber si actúa en nombre de la Administración autonómica o como representante legal del vicepresidente y, en última instancia, citará al número dos del gobierno autonómico para preguntarle si quiere que continúen las investigaciones. Fuentes de la comunidad explican que el vicepresidente tomará una decisión cuando conozca los términos de la resolución dictada por el juez.

Si González no da ese paso y ratifica la denuncia, en coherencia con la actual posición política del gobierno al que pertenece que niega todo espionaje en la comunidad, bastará con que lo hagan los otros dos espiados -Cobo o Prada-, cuyas denuncias fueron trasladadas al juzgado por la Fiscalía.

Cobo ya confirmó su quejaba ayer ante la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, que le citó en el curso de la investigación abierta por instrucciones de Mariano Rajoy.

El vicealcalde, antes de abandonar la sede central de su partido, explicó que dio cuenta a Cospedal de las informaciones publicadas por 'El País' y le aseguró que, en lo que ha podido comprobar, los movimientos que se reflejan en los informes se corresponden con los que realizó en los días reseñados por los supuestos espías.

Ante los medios de comunicación, el vicealcalde madrileño aseguró que fue víctima de un seguimiento «mafioso», como dijo en su día el vicepresidente de la comunidad, y añadió: «Estoy deseando que se sepa quiénes son» los que elaboraron los dossiers.

Apoyos

En el ámbito político, Rajoy recibe apoyos de la mayoría de altos cargos de su partido para que resuelva cuanto antes el conflicto. Ayer fue la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la que le comunicó que cuenta con el respaldo de todos los alcaldes del PP para mantener la cohesión interna, como prometió el pasado domingo.

El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, aseguró en TVE que «tendrá el apoyo de todo el partido y de los que le elegimos en el congreso de Valencia» para adoptar las medidas que considere necesarias.

La dirección del PP intenta impedir que el escándalo repercuta en las convocatorias electorales de Galicia, País Vasco y al Parlamento Europeo.