Más de 200 menores no pudieron cumplir la pena fijada por el juez por falta de recursos

Hace pocos días, el conocido juez de Menores de Granada Emilio Calatayud traía a Cádiz su libro Mis Sentencias Ejemplares, donde hace un recorrido por aquellos fallos judiciales donde ha hecho prevalecer la reeducación del menor infractor a la hora de aplicar una medida correctora. Calatayud aseguraba a este medio que tras muchos años de lucha había conseguido tener los medios suficientes para dictar esas sentencias; su colega titular del juzgado de Cádiz aún no ha llegado al final de ese camino, y a diario se enfrenta con la difícil tesitura de aplicar la Ley del Menor con unas estrecheces que en muchos casos vacían de sentido esa norma jurídica.

Los conocidos trabajos en beneficio de la comunidad es una medida incluida dentro de la citada ley como alternativa a la privación de libertad y con un claro objetivo: dar una lección a un joven que puede ser más valiosa en el futuro que el internamiento en un centro. Su ejecución se realiza a través de convenios con las administraciones, pero la reticencia de algunos ayuntamientos ha hecho que en los últimos cinco años más de 200 menores que fueron sentenciados a ese tipo de pena no pudieran cumplirla porque no había recursos para articularlas. Pero existe un matiz aún más grave de esa cifra, muchos de esos adolescentes vieron cómo la medida que debían cumplir prescribía después de 12 meses -límite legal establecido- sin ser ejecutada. «Eso envía un mensaje perverso al menor: no pasa nada cuando cometes un delito», dice el titular del juzgado de Menores de Cádiz.

En otros casos y para evitar que el infractor quedara impune, se recurrió al arresto domiciliario o a la libertad vigilada para que, al menos, cumpliera algún tipo de pena. Pero estas soluciones in extremis «hacen que se desnaturalice la propia ley porque no se adapta la medida al tipo de hecho delictivo». La falta de acuerdos en algunas localidades hace inviable imponer medidas relacionadas con la seguridad vial, como por ejemplo trabajar con la Policía Local, para aquellos que cometen delitos como conducir sin carné y que se cuentan ya por centenares tras la última reforma penal.

Este preocupante dato muestra síntomas de mejora, según el magistrado Enrique Ramírez Manchón, porque ya son menos los consistorios que aún no tienen convenios para que los infractores realicen esos trabajos, por ejemplo, en los parques y jardines o en talleres organizados por las distintas concejalías, pero aún existen lagunas importantes y entre ellas está la de Cádiz capital, cuyo ayuntamiento sigue sin rubricar un acuerdo con la Delegación de Justicia.

Además de la capital, Sanlúcar y San Fernando están en la misma situación, mientras que en El Puerto de Santa María y Puerto Real «está muy avanzado un documento futuro». El último municipio en habilitar recursos para realizar esas prestaciones ha sido el de Chiclana, cuyo anterior Gobierno local firmó en enero de este año «un convenio muy completo con la Delegación porque en él participan todas las concejalías. Hay posibilidad de que los chicos hagan trabajos para las áreas de Playas, Deportes o con los técnicos informáticos, abriendo un abanico de posibilidades».

Pese a esos avances, en estos momentos hay 22 jóvenes de la capital pendientes de que se ejecute la medida que le impusieron; en Sanlúcar hay 30 medidas en lista de espera y en San Fernando hay otras veinte. En total, 72 adolescentes que fueron enjuiciados y que aún no pueden cumplir su pena. Para otros, el tiempo se les ha echado encima: una docena de medidas que debían realizarse en Sanlúcar ya han prescrito y en La Isla otras nueve en lo que va de año.

Otras debilidades

Pero no se detienen aquí las debilidades de los recursos que dispone el juzgado de Menores de Cádiz y que también comparte el mismo órgano judicial de Jerez, que tiene competencia en el partido judicial de Sanlúcar. Recurrir a la libertad vigilada cuando no se pueden aplicar prestaciones en beneficio de la comunidad provoca otras saturaciones como la que vive día a día la única trabajadora social destinada en San Fernando y que ahora tiene a su cargo a 30 adolescentes. Su misión es realizar con ellos una labor de orientación, enviarles a hacer cursillos que refuercen su formación «e incluso llegan a meterse en las casas para controlar que los padres también colaboran en esas tareas». Pero con tantos niños resulta harto difícil mantener una vigilancia permanente.

La falta de convenios en algunos ayuntamientos también se trata de minimizar a través de los medios que sí ha dispuesto la Diputación. Ese acuerdo con la institución provincial permite derivar a los menores infractores de la capital para que trabajen en el centro de mayores La Caleta, la biblioteca provincial, la Cruz Roja y la estación de Renfe. En San Fernando está también concertado, a través del organismo que preside González Cabaña, el Jardín Botánico. Pero este recurso tampoco está libre de limitaciones: además de que el trabajo que pueden desempeñar los adolescentes sólo gira hacia tareas de jardinería y limpieza, cierra los fines de semana. «Si de lunes a viernes tiene que acudir a su centro escolar, nos encontramos que el menor no puede realizar la prestación», subraya el magistrado.

Ramírez Manchón tenía previsto enviar a lo largo de esta semana varios oficios dirigidos a los alcaldes de los ayuntamientos que siguen sin firmar convenios, «una vez más», para instarles a que lleguen a un acuerdo con Justicia. «La delegación de la Junta está trabajando intensamente para conseguirlo, pero no pueden hacer nada si no hay voluntad por las dos partes». El magistrado confía que este nuevo intento, sea el definitivo.

stubio@lavozdigital.es