España deberá cerrar decenas de convenios internacionales para que voten los extranjeros

Para que los extranjeros no comunitarios con residencia estable en España puedan votar en las elecciones municipales de 2011, el Gobierno tendrá que cerrar un centenar de acuerdos internacionales con los países de origen. La Constitución establece que para reconocer a inmigrantes el derecho de sufragio se debe atender a «criterios de reciprocidad», es decir, sólo podrán votar los ciudadanos de aquellos países que reconozcan el mismo derecho a los españoles.

La iniciativa ya fue debatida y aprobada por el Congreso la pasada legislatura, gracias a una proposición no de ley de Izquierda Unida, pero el Ejecutivo no dio paso alguno para llevarla a la práctica. Ahora, el tema vuelve a ganar actualidad gracias al cónclave socialista, que respaldará la extensión a los inmigrantes del derecho al voto. Marruecos, origen del mayor colectivo de ciudadanos extranjeros con tarjeta de residencia en España, encabeza la lista de países con los que se deben suscribir convenios de reciprocidad. Sin embargo, el país africano no celebra elecciones municipales, lo que hace inviable el acuerdo. La República Popular de China, que cuenta con el octavo grupo de población extranjera radicada en España, no reconoce el sufragio a los extranjeros.

La situación en Ecuador no es más alentadora. El país sudamericano, tercero en importancia según el número de ciudadanos radicados en España, prohibe taxativamente en su Constitución que los extranjeros ejerzan el derecho al voto. Ucrania tampoco lo reconoce.

Colombia y Bolivia, en el cuarto y decimoquinto lugar en la lista de extranjeros con tarjeta de residencia, ofrecen un panorama más alentador, porque ambos permiten a los españoles participar en sus elecciones municipales.

Arduo trabajo

Los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea ya pueden votar en España si tienen aquí fijada su residencia. Los comunitarios son el 40% de los inmigrantes. Para el 60% restante, la única opción de participar en la elección de los líderes locales es que se establezcan acuerdos de reciprocidad con los gobiernos de sus respectivos países de origen.

Con ciudadanos de unas 170 nacionalidades radicados en el país, la tarea es larga. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, expresó en 2006 su apoyo a la iniciativa que hoy abandera el socialista José Blanco, pero María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido opositor, restó importancia a la medida al afirmar que lo prioritario es garantizar «la mínima dignidad» de los inmigrantes «a través del derecho al trabajo».

Por su parte, Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, se mostró a favor de la iniciativa, pero reprochó al PSOE que «antes de aparentar que han descubierto la pólvora, se lean la iniciativa que presentó Izquierda Unida» sobre el tema.

En el caso de que la propuesta fructificase, las comunidades donde mayor número de extranjeros podrían ejercer este derecho serían Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que concentran el 65% de los inmigrantes. En Almería, Girona y Baleares incluso el voto extranjero tendría más peso que el autóctono, ya que cuentan con un porcentaje de inmigrantes que supera ya los índices de la población autóctono.