Barroso suspende la rescisión de la concesión de las piscinas a la espera del recurso

Con este decreto el Ayuntamiento intenta salvaguardar los intereses de los usuarios de la piscina, que podrían ver interrumpido el servicio si se hiciera efectiva la liquidación a la empresa, que dejaría automáticamente de gestionar las instalaciones municipales.

Los antecedentes de esta decisión se trasladan al 16 de agosto del pasado año 2006, fecha en la cual el Pleno acordó, con los votos en contra del equipo de Gobierno de José Antonio Barroso, en minoría, estimar el recurso interpuesto por la otra empresa optante al servicio de piscinas en contra de la adjudicación a Sidecu, y que conllevaba la suspensión del contrato. La ejecución de este acuerdo se dejó en suspensión hasta que no se pronunciase el Consejo Consultivo de Andalucía.

Finalmente, éste se pronunció manifestando que el Pleno del Ayuntamiento ya había decidido sobre este particular, y que debía ejecutarse el acuerdo y proceder a la liquidación del contrato.

El Ayuntamiento inició la liquidación, pero Sidecu interpuso un recurso contra el acuerdo plenario, trámite judicial que aguarda su resolución por el juzgado.

A pesar de que el acuerdo de Pleno de 16 de agosto implica la suspensión del contrato a Sidecu, la administración no puede ejecutar un acto mientras que un órgano jurisdiccional decide sobre la suspensión de esa ejecución, y por eso el Ayuntamiento está obligado a esperar el pronunciamiento judicial.

Éste podría llegar en unos meses decidiendo que se debe liquidar el contrato con Sidecu, pero mientras tanto el Gobierno municipal se mantendrá a la espera del pronunciamiento judicial porque se podría dar la circunstancia de que, mientras el Ayuntamiento ejecuta el acuerdo de liquidación del contrato a Sidecu, el juzgado podría considerar que la adjudicación se ajusta a la legalidad y que debe seguir gestionando el complejo de piscinas.