La asociación de jueces Francisco de Vitoria analiza «la grave crisis del sistema judicial»

El debate polémico sobre la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llegado a la capital gaditana de la mano de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, que celebra desde ayer su XXII asamblea nacional, la cual se desarrolla por primera vez en la ciudad de Cádiz.

Más de 200 profesionales de la judicatura participan en estas jornadas, que girarán en torno a cuatro asuntos principales: «La conveniencia de que sea el Ministerio Fiscal el que asuma la instrucción en los procedimientos penales; la problemática generada por un desarrollo urbanístico desmedido y qué medidas pueden adoptarse; las últimas reformas legislativas» que están a un paso de ser aprobadas de manera definitiva y «la grave crisis institucional que padece el sistema judicial», enumeraba ayer el portavoz de la asociación, Juan Pedro Quintana Carretero.

La inauguración oficial de la asamblea, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Cádiz, coincide en el tiempo con el aniversario del final de mandato de la actual composición del CGPJ. Fue el 7 de noviembre de 2006 cuando culminó ese periodo que se ha prorrogado hasta ahora «por la falta de entendimiento y de acuerdo de los distintos grupos parlamentarios».

Esta asociación no esconde una percepción cada vez más extendida en la opinión pública: «El Consejo muestra una clara politización desde hace años. Hay dos bloques prácticamente irreconciliables. Nunca hay un trasvase de votos. Hay una mayoría matemática y se prevén las decisiones» antes de que se adopten. Quintana Carretero es contundente en asegurar que el CGPJ está «carente de prestigio» por culpa de la «pugna política» que existe en su mismo seno.

La asociación Francisco de Vitoria, que aglutina a más de medio millar de jueces y magistrados, se define como «profesional» y que «no está ligada a ningún partido político». Una independencia que llevan a gala y que esperan que esté presente cuando se alcance un acuerdo entre las fuerzas parlamentarias para renovar a los vocales del Consejo. Aunque es en la capacidad de decisión que tienen los políticos lo que ha llevado a esta situación al propio CGPJ, según el portavoz Quintana Carretero.

«Los partidos políticos en su día optaron por un modelo de renovación y se excluyó un planteamiento independiente profesional. Se optó por controlar el órgano de gobierno de los jueces, cuando hay determinadas instituciones que deben quedar al margen de esa pugna política, que es sana en un estado democrático, pero no en el poder judicial».

Además de la enquistada renovación, los más de 200 jueces y magistrados debatirán un asunto de hondo calado en la provincia como son las consecuencias que ha traído consigo el fenómeno del urbanismo sin control. Sobre este tema, que se tratará en la segunda mesa de trabajo prevista para hoy, la asociación aboga «por establecer controles administrativos y criterios de transparencia y publicidad en procesos como los convenios urbanísticos para que haya una política de prevención». Y es que la Justicia «es el último resorte al que se acude» cuando no hay más remedio.

En el Palacio de Congresos se vieron ayer caras conocidas no sólo del ámbito judicial local como el presidente de la Audiencia Provincial, Lorenzo del Río -quien pertenece a la asociación junto a una treintena de jueces y magistrados que ejercen en Cádiz-; o la fiscal jefe, Ángeles Ayuso. También estuvo el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Campo o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo.

Cárcel Real

El acto oficial de la inauguración fue presidido por la consejera de Justicia, María José López, quien antes de dar el discurso de bienvenida a los participantes departió unos minutos con los medios para confirmar que ya hay un acuerdo definitivo para la cesión del edificio de la Cárcel Real al Ayuntamiento de Cádiz. Dicho acuerdo sólo está pendiente de que se conozca cuál será el destino provisional que tenga la abundante documentación que aún sigue dentro de unas instalaciones que dejaron de ser sede judicial a principios de este año.

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