Fiscalía e Inspección trabajarán en un plan de coordinación para luchar contra las muertes en el tajo

24 víctimas sólo en lo que va de año y un incremento de la mortalidad en el tajo de un 10,5% con respecto a 2006 son algunos de los datos alarmantes que han llevado a la Fiscalía de Cádiz a articular una serie de medidas, de coordinación y especialización, para luchar con mayor eficacia contra la siniestralidad laboral. La fiscal jefe junto a la responsable de la Inspección de Trabajo se reunirán el próximo lunes y abordarán qué mecanismos son necesarios para mejorar las investigaciones que nacen tras ocurrir los accidentes o cómo coordinar a los distintos agentes que actúan en cada caso para poner cerco a «las numerosas irregularidades» que se detectan en los centros de trabajo y que son conocidas después de un siniestro laboral, explicaban ayer fuentes del Ministerio Público.

Una de las actuaciones en las que se está trabajando ya y que está pendiente de la autorización de Interior, es la formación específica de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Policía Judicial, en materia de seguridad laboral para que actúen con mayor eficacia cuando tengan conocimiento de imprudencias en los centros de trabajo. La intención de la Fiscalía es comenzar antes de final de año y conseguir que los inspectores de trabajo también participen en estos cursos.

La base de este plan de coordinación es el protocolo que el pasado mes de septiembre fue firmado por la Fiscalía General del Estado, los ministerios de Trabajo e Interior, el Consejo General del Poder Judicial y al que también se adhirieron CC OO, UGT y el Consejo General de la Abogacía del Estado. Este gran acuerdo, de carácter nacional, debe ser llevado ahora a la práctica en cada provincia para conseguir, entre otros objetivos marcados, facilitar a los jueces y fiscales la investigación de la titularidad de la empresa implicada en el siniestro. Según fuentes del Ministerio Público en Cádiz, este paquete de acciones tienen como último fin perseguir las conductas negligentes que se cometen en los centros de trabajo y que se cumpla «sin excusas» las normativas y leyes que defienden la salud y la seguridad de los trabajadores.

Pero estas actuaciones cuentan con una importante limitación y es la necesidad de dotar de más recursos humanos a la propia Inspección de Trabajo. En la causa abierta por el fallecimiento del obrero Jesús Mera en la finca San Roque, 6 del centro de Cádiz, la responsable de este departamento reconoció ante el juez que sí habían recibido la denuncia formulada por una vecina en la que describía las pésimas condiciones en las que trabajaban la víctima y sus compañeros; una denuncia que fue presentada un mes antes de ocurrir el accidente mortal. Pero la jefa de la Inspección explicó que no se le dio el carácter de urgente ante la falta de datos concretos, pero que fue derivada a una funcionaria para su comprobación. Un mes después aún no habían empezado la tramitación debido al volumen desbordante de casos que les llegan.

En este procedimiento penal ya hay cinco personas imputadas; el último implicado ha sido el encargado de la obra, quien fue señalado por varios testigos como la persona que daba las órdenes a la cuadrilla.

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