El marido de la exalcaldesa de Manilva guarda silencio sobre los numerosos contratos recibidos del Ayuntamiento

Mudos. Ni una palabra. Bueno sí, hablaron para acogerse a su derecho a no declarar. El marido y un primo de la exalcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, siguieron la estrategia seguida por otros imputados en las tres piezas que investigan irregularidades en el Ayuntamiento de este municipio y se negaron a colaborar con la justicia.

El esposo de la exregidora, Valentín Caracol Sánchez, y el primo de ésta, que tiene una constructora, son investigados en una pieza separada del «caso Manilva» que indaga en la presunta concesión de contratos de trabajo municipales en fraude de ley.

Las empresas del primero, Carpintería Valentín S.L. y Muebles y decoración Valentín, fueron agraciadas con un total de 43 contratos por parte del Consistorio por un valor de 200.035,08 euros.

Mientras que a la constructora del otro familiar de la exalcaldesa se le asignaron al menos 52 contratos, que le reportaron 482.074,49 euros en tan solo tres años.

Muchas de estas facturas contaban con reparos de la interventora, ya que al superar los 3.000 euros requerían la presentación de tres presupuestos, cosa que el Ayuntamiento de Manilva no realizó.

Interrogado por este asunto también compareció ante el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona el asesor jurídico del Ayuntamiento, Aitor Menoyo.

Menoyo, que tenía la obligación de declarar al ser citado como testigo, pareció sufrir un ataque de «amnesia» cuando la Fiscalía le preguntó si había procedimiento administrativo en el Consistorio a la hora de adjudicar estos contratos.

Aseguró no tener conocimiento de las adjudicaciones de los trabajos a los dos imputados y que no supervisaba las contrataciones, a lo que añadió que no sabía si estos expedientes tenían informes jurídicos.

El asesor, que relató que antes fue gerente de Urbanismo y trabajó en la Sociedad de Comunicación, explicó que realizaba pliego de condiciones a partir de expedientes que superaban los 18.000 euros y obras cuyo costo superaría los 50.000. Además, de añadir que a veces le decía la alcaldesa que lo hiciera y otras el concejal del ramo.

Reconoció que la Intervención puso reparos y manifestó que los pagos los decidía Alcaldía.

Hay que recordar que la Fiscalía ha solicitado una serie de nuevas diligencias que en su mayoría están relacionadas con la solicitud de documentos como pagos de facturas, informes del secretario municipal, investigaciones de la Guardia Civil, vidas laborales o el «listado completo de las horas extras abonadas a los trabajadores del Ayuntamiento desde junio de 2007 a abril de 2011».

Si inicialmente se imputaba un delito contra la Administración Pública a la alcaldesa, el Ministerio Público eleva el listado a cinco sumando cuatro ilícitos más a los imputados. De este modo, entienden que los hechos analizados son constitutivos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.