La Fiscalía pide investigar la contratación de cargos de confianza en Estepona

La Fiscalía del Supremo ha solicitado que se investigue si se cometieron presuntos delitos de malversación de caudales públicos durante la contratación de cargos de confianza en el Ayuntamiento de Estepona durante el periodo 2007-2011 en el que el PSOE estuvo al frente del gobierno municipal. Una recomendación que realiza en el marco de un proceso dirimido en el Alto Tribunal que obliga a readmitir a cuatro altos directivos por «contratación en fraude de ley», a pesar de que en la sentencia se destaca que «fueron contratados sin proceso de selección, por motivos de confianza política».

El Ministerio Público señala en su documento que «interesa se deduzca testimonio y se remita al órgano competente por la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos», independientemente del proceso laboral que se ha seguido en el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal ha fallado que el Consistorio debe readmitir a cuatro cargos de confianza contratados durante el anterior mandato de gobierno como personal de alta dirección en las hoy extinguidas empresas municipales y que reclamaban volver a sus puestos. La indemnización a percibir por estas personas suma un total de medio millón de euros.

El portavoz municipal, Manuel Aguilar, lamentó en un comunicado la actuación lesiva para los intereses municipales llevada a cabo por el anterior equipo de gobierno al realizar contratos «en fraude de ley» porque estas personas fueron contratadas para ocupar puestos directivos que no ejercían en la práctica.

El fallo judicial señala que «fueron contratados sin proceso de selección, por motivos de confianza política»; y que en algunos de los casos «sus retribuciones estaban por encima del grupo A del convenio colectivo y tenían vehículo oficial».

«En lugar de emplear el procedimiento normal de nombramiento de los cargos de confianza, que cesan con el cese del político que los nombra, se les contrató mediante empresas municipales dejándoles un resquicio para, posteriormente denunciar al Ayuntamiento y alegar que no tenían funciones directivas dentro de esas empresas, para consolidar su plaza en el Consistorio», denunció el edil.

En junio de 2011, el Ayuntamiento despidió a los nueve cargos de confianza que estaban contratados en las citadas empresas municipales del Consistorio, que fueron disueltas por el actual equipo de gobierno; si bien, solo cuatro han litigado para volver a incorporarse.

Aguilar lamentó este «nuevo despropósito político de la herencia envenenada del gobierno liderado por el PSOE de Valadez y sus socios de gobierno».

En este punto recordó el daño para las arcas municipales que el anterior gobierno provocó en la ciudad al generar una deuda de 300 millones de euros. Asimismo, rechazó que los anteriores responsables políticos emplearan esta fórmula de contratación de cargos de confianza en empresas municipales para «blindar a sus cargos políticos» y colocarlos en el Ayuntamiento «por la puerta de atrás».