La Fiscalía pide 8 años de cárcel para Juana Martín por malversación y prevaricación

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de ocho años de prisión para la diseñadora cordobesa Juana Martín por los delitos de malversación y prevaricación tras las ayudas públicas que recibió entre 2006 y 2011 de la Junta de Andalucía, que habrían provocado un perjuicio de 849.749 euros.

La petición de cárcel se recoge en un escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, relativo a la investigación judicial sobre la sociedad pública andaluza de capital riesgo Invercaria, que está dividida en varias piezas.

En la pieza relativa a la diseñadora cordobesa, Anticorrupción pide otros ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo por malversación y prevaricación, que habría cometido en la concesión de las distintas ayudas concedidas.

Para los ex directivos de la sociedad pública Cristóbal Cantos y Antonio Nieto, la Fiscalía pide seis años y seis meses de prisión a cada uno de ellos, así como 18 años de inhabilitación, también por malversación y prevaricación.

La Fiscalía, que pide la apertura de juicio oral contra los cuatro procesados en esta pieza de Invercaria, cifra el perjuicio económico causado en la sociedad pública en 170.000 euros aportados en concepto de capital y social y en 779.749 euros correspondientes a las cuotas de amortización de los préstamos concedidos.

La empresa de Juana Martín, que declaró por esta causa en 2014, tenía como objeto social el diseño, confección, fabricación, distribución, comercialización y venta de prendas de vestir, calzados y complementos. En su escrito de acusación, la Fiscalía explica las distintas operaciones desarrolladas por Juana Martín junto a Invercaria desde enero de 2006, que comenzó con un préstamo participativo de 120.000 euros, concedido mediante un cheque nominativo cinco días después de la constitución de la compañía.

También se elaboraron proyectos como el diseño de colecciones «pret-à-porter», la creación de una marca de diseño o un proyecto denominado de «moda hotel». La relación entre la sociedad pública y la empresa de diseño incluyó la petición, en 2011, por parte de Invercaria a Juana Martín de la devolución de un préstamo por valor de 200.000 euros, reclamación que se reiteró en dos ocasiones más pero sin éxito, según el auto de procesamiento del juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas.

Junto a esta petición de cárcel para la diseñadora, la Fiscalía pide, en una causa que se sigue en los juzgados de Córdoba, otros tres años de cárcel para Juana Martín por un presunto delito de alzamiento de bienes. Este delito lo habría cometido con un inmueble embargado y con el que Invercaria pretendía cobrarse la deuda de la diseñadora con esta sociedad pública por los préstamos concedidos y no devueltos.

Por su parte, la diseñadora ha negado hoy las acusaciones y ha afirmado que la calificación del fiscal es un «error». En un comunicado remitido a Efe, su abogada, María Dolores Moreno, manifiesta que la calificación provisional del Ministerio Fiscal adolece de un «manifiesto error» al imputar a Juana Martín la autoría de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En este sentido, la abogada ha argumentado que la diseñadora nunca ha tenido «la cualidad de autoridad o funcionaria pública, por lo que no puede ser considerada como autora de tales delitos», mientras que el fiscal imputa unos hechos «sin concretar» la «presunta participación» de la modista.

Además, la abogada ha negado la existencia «responsabilidad penal» en su defendida que pueda derivarse de los delitos que se le imputan como «quedará demostrado en su día».

Finalmente, la letrada ha pedido «evitar» el perjuicio que conllevaría un «juicio paralelo con alegaciones infundadas», mientras que no descarta «exigir las responsabilidades que correspondan» a quien «dañe la imagen» de Juana Martín.