San Cristóbal: «Aquí ningún bloque se libra de tener vecinos okupas»

«Es raro el bloque en el que no hay okupas. No se salva ninguno. Cuando por las noches vemos a gitanos dar vueltas, con furgonetas hasta los topes, por aquí pensamos: ¡A ver dónde van a meterse ahora!», explica una vecina del barrio de San Cristóbal de los Ángeles, situado en el distrito de Villaverde. Lo mismo sucede cuando escuchan en los medios de comunicación decir que han derribado chamizos en la Cañada Real Galiana, añade esta mujer a la que llamaremos María. Aquí nadie quiere dar su nombre real; tienen miedo a las represalias. «Hala, más todavía para acá, el lugar en el que acaban todos», piensa.

Con todo, María, Emilio y Paco, con edades que rondan entre los 55 y 65 años, se conocen bien el percal.

«Llevamos mucho tiempo aquí y vemos de todo», aseguran desde esta humilde zona que para algunos es uno de los territorios comanches de la capital. Junto a Villa de Vallecas, Puente y Carabanchel es uno de los distritos que encabeza el ranking de las más de 1.300 okupaciones mafiosas de la capital. «La mayoría son pisos propiedad de los bancos cuyos dueños han sido desahuciados por impago. Hace cuatro años se llegaban a realizar aquí entre cinco y diez desalojos semanales».

Difícil convivencia

Después, siempre hay alguien encargado de hacer negocio con la necesidad ajena y de trapichear con las casas. «Algunos gitanos españoles se encargan de forzar la puerta, cambian la cerradura y exigen cantidades que rondan los 1.500 o 2.000 euros o una renta mensual de 200 o 300 euros a los nuevos inquilinos. Luego hay otros que van por libre y les dan la patada a la puerta, llegan con muchos niños para que la Policía no les eche y pasado un tiempo se marchan y otros realquilados les relevan previo pago», explican.

La situación no es nueva. Llevan así varios años desde que la crisis tocó fondo y con ella, mucha gente se quedó sin vivienda. «Una mujer estuvo ingresada más de un mes y cuando volvió se vio, literalmente, en la calle. Le habían usurpado su casa». Este ejemplo es un caso extremo de lo que relatan estos residentes.

En algunos edificios la convivencia es normal, pero en otros se antoja insoportable. «Si tienes la mala suerte de que hay muchos okupas estás perdido: no pagan el agua, la luz, los gastos de la comunidad o hacen enganches ilegales. Todo ello genera conflictos ya que, o repercute en tu bolsillo y en el de quien abona sus recibos religiosamente o, en caso contrario, se corta el suministro», precisa otra vecina a la que llamaremos Manuela, (nombre ficticio).

Los inquilinos ilegales no son solo de etnia gitana, los hay payos, dominicanos, ecuatorianos, marroquíes, de todas las nacionalidades, explican los susodichos que, obviamente, niegan ser ellos. «Los bancos deberían cobrar un alquiler social en lugar de tener las viviendas vacías. A mí me parece bien que las familias necesitadas se metan dentro de una casa antes de estar en la calle, pero no que se realquile o se venda para el lucro de unos pocos», añade Jonathan, oriundo de Quito.

Según relatan algunos, los hay que han puesto puertas antiokupas. Para colmo, como la propiedad no es de los usurpadores, no cuidan nada y lo destrozan todo, enumeran en su lista de quejas. «Antes se veía habitualmente a dos hermanos por aquí, eran los que manejaban el cotarro; hace tiempo que no aparecen», dice otro vecino que no facilita su nombre.

«Inseguridad y abandono»

El tema de las usurpaciones no es el único que preocupa a estos residentes que se sienten abandonados e inseguros. «Hay un bloque íntegro de población realojada, la torre roja, que es mejor evitar», aseguran. Está situado en el número 30 de la calle de Burjasot, frente al Parque de los Pinos. El edificio tiene las puertas abiertas de par y par y a varios moradores controlando cada esquina o desde las ventanas. Provocan desconfianza porque observan con cara de pocos amigos a todo el que pasa por ahí.

«Este verano nos han llegado a arrojar alguna lata de refrescos desde arriba cuando pasábamos por ahí por algún incidente», explica un agente municipal a ABC. Ha sido algo puntual que, asegura, ya no ocurre, pero bastante significativo de lo problemático del inmueble.

«No nos dejan dormir en verano por el jaleo que arman. Se ponen a tocar la guitarra y a hacer fiestas a las tantas... ¡Como ellos no trabajan!. La gente tiene miedo de llamar a la Policía», aseguran Matías y Pepa.

Desde hace más de un año hay más problemas en esa finca, «prefiero no pasar por ahí; y solo bajo al chino», dice una joven de Guinea Conakri.

«Yo me siento insegura. Hay muchos robos por esa zona, por el parque y cuando voy por ahí, si estoy sola, camino con miedo. En la plaza de la de la Paloma de la Paz, frente a la sucursal de Bankia, suele haber siempre grupos de africanos que se pasan el día fumando y bebiendo sin hacer nada. No me gusta», explica una mujer ecuatoriana. «Yo cuando anochece no salgo. Además, toda esta parte está muy mal iluminada, lo que genera más inseguridad. Entre todos los trapicheos que hay, el tráfico de drogas, hurtos... Cualquiera se atreve. Parecemos madrileños de cuarta o de quinta, como si no pagásemos impuestos», dice una señora de la tercera edad.

«Esto está degradado y dejado de la mano de Dios. Siempre escuchas que han robado a alguien, que si los moritos, que si los gitanos, que si los quinquis... Desde que atracaron a un señor mayor en la calle de Godella en septiembre hay más presencia policial, las patrullas no dejan de pasar continuamente, pero yo no me fío», asevera otra joven.

Al anciano le inmovilizaron entre dos sujetos mientras un tercero se apoderaba de su cartera, a plena luz del día y con la gente gritando: ¡Policía! e ¡hijos de...!. . La gente recriminaba su actitud desde sus ventanas y les pudieron observar perfectamente, e incluso, grabar en móvil la escena, pero eso no hizo que los delincuentes depusieran su actitud.

Manifestación

Lo ocurrido hizo que los vecinos del barrio se movilizaran y se manifestaran para denunciar que su barrio era uno de los más abandonados de Madrid. Prado de la Mata, presidenta de la Asociación de Vecinos La Unidad, reclamaba entonces, además de más agentes en las calles, un plan integral para este barrio obrero con una tasa de paro cercana al 17%. De la Mata apostilla, a pesar de todo, que ellos llevan ocho años denunciando las usurpaciones y que, a su juicio, lo peor en este asunto está ahora en otros puntos de Madrid como Entrevías (Puente de Vallecas) o Villa.

Para atajar este asunto, la Delegación del Gobierno puso en marcha la figura de un coordinador policial de viviendas usurpadas, un intermediario entre las víctimas y la justicia, para acelerar los alzamientos.

Según los datos de este inspector de policía, en la región existen 1.398 viviendas okupadas, el 86% de ellas en la capital. Las denuncias se pueden realizar en el teléfono gratuito (900 100 301) y el correo electrónico madrid.ocupacioni@policia.es.