Polémica

«Carmena no puede entregar pisos a okupas por la cara. Que esperen como todos»

Los adjudicatarios de un piso de la EMVS critican que la medida municipal de legalizar a 88 familias usurpadoras abra la veda para propiciar abusos

A licia, junto a su hija, no ve bien que legalicen a quien da una patada en la puerta
Patricia está en contra de que legalicen a okupas si la vivienda usurpada estaba habitada
Esmeralda considera que debe haber una bolsa de viviendas para situaciones de emergencia
Rocío se queja de que ella paga 500 euros de alquiler y que no es justo que el listo se lleve el gato al agua

«No se puede obtener un piso por la fuerza, hay que respetar los cauces legales y esperar, como hemos hecho todos, porque si no esto es la ley de la selva, además de injusto». Es la opinión de Daniel, de 36 años, padre de cinco hijos y maestro desde el patio de su casa, de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Arganzuela, mientras no pierde de vista a sus vástagos. Su opinión es compartida por la mayoría de las personas con las que ha hablado ABC, adjudicatarios de una de estas viviendas, aunque con distintos matices.

Es su respuesta a la medida «excepcional», anunciada por el Ayuntamiento de Madrid, con los votos de Ahora Madrid y PSOE, y los contrarios de PP y Ciudadanos, para legalizar en medio año a 88 familia okupas, «siempre y cuando acrediten que llevan residiendo en el inmueble de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero; que están en una situación de necesidad y sus ingresos son escasos –no superan en 3,5 veces el Iprem–; que no son conflictivos ni han causado problemas a la comunidad y que no pertenecen a mafias u organizaciones que se lucran con la venta o traspaso de estas viviendas públicas».

«Todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero sin atajos», explica Miguel
«Las administraciones deben promover alquileres sociales para jóvenes y personas sin recursos», opina Rocío

Todo ello se aprobó el pasado 13 de septiembre en el seno consejo de administración de la EMVS. La polémica medida «premia» el tiempo en que la familia lleva cometiendo la ilegalidad de haber dado una patada en la puerta o haber dejado de pagar la renta, -dice Manuela desde el PAU de Carabanchel-, ya que cuanto más tiempo lleven, estarán mejor posicionados, un extremo que afecta a 61 y 27 casos, respectivamente, de los que podrán ser regularizados.

Estos usurpadores deberán ponerse al corriente de todas las cuotas de renta y comunidad desde la fecha de las okupaciones, hasta un máximo de cinco años. De cumplir todos los requisitos, se les realizará un contrato en las mismas condiciones que el resto de los adjudicatarios, explicó la concejala de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras.

«Pienso que las normas están para cumplirse y no puede haber excepciones; con ellas se puede abrir la veda y propiciar los abusos. Si yo, que ya era familia numerosa cuando solicité un piso, lo que significa que tenía más puntos, esperé seis años en total para que me la entregaran, y no son muchos, que lo hagan todos. No sirve que unos pringuemos y otros no. Carmena se equivoca», agrega Daniel desde Arganzuela. Su casa, situada en la calle de Garganta de los Montes número 2, es un enorme bloque gris de estilo industrial habitado por parejas jóvenes con niños. «Pago 400 euros al mes por 85 m2. Y 95 euros por la comunidad debido a la cantidad de derramas que pagamos, pues las calidades dejan mucho que desear. No me puedo permitir otra cosa, pero no acepto la ley del embudo».

«Se perjudica a la mayoría»

Miguel, otro residente en ese inmueble, considera que estas viviendas sociales están pensadas para gente con necesidades especiales: «Pocos recursos, muchos hijos, separados, víctimas de la violencia de género... Todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero sin atajos». Algunos, en función de sus características concretas deben tener prioridad, pero sin perjudicar al resto y respetando los mismos requisitos».

Patricia, una madre primeriza residente en el mismo inmueble, pone el acento en algo en lo que coinciden todos: «Si la vivienda okupada estaba habitada no se puede legalizar; les hacía falta a los primeros moradores». Con todo, considera que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco y habría que revisar caso por caso, en alusión a las 88 familias usurpadoras.

A Rocío, cuyos abuelos residen en un bloque de la calle de Alamedilla, 33 (Arganzuela), donde la mayoría de los habitantes fueron realojados de unas casas bajas de la zona, y el resto son adjudicatarios de la EMVS, la medida de Carmena no le gusta nada. «Se perjudica a la gente que va de legal por la vida y ocasionará un efecto llamada». A sus 25 años, protesta por el elevado alquiler (500 euros) que tiene que pagar en su barrio de Entrevías (Puente de Vallecas), con un sueldo precario. «Yo tengo que pasarlo mal para que luego llegue el listo de siempre y se lleve el gato al agua, y, encima, con ayudas». Rocío aboga por que las administraciones promuevan alquileres sociales para jóvenes y personas con pocos recursos. «A mí me gustan las políticas sociales de Carmena, pero en esto se columpia». 

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