Honor y «pérdida de confianza», razones por las que la Junta se personará en la causa de las eólicas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer personarse «de inmediato» en la causa sobre el presunto pago y cobro de comisiones entre empresarios y exaltos cargos del Ejecutivo autonómico -con el que fuera viceconsejero de Economía Rafael Delgado a la cabeza- por la adjudicación de parques de aerogeneradores en la Comunidad. Y lo hace porque quiere saber y por sentirse «perjudicados» en el «honor» y la «pérdida de confianza» hacia la administración que puede suponer el caso.

La Junta «se siente perjudicada» y ese daño «no es sólo que haya habido o no pérdida de fondos públicos», que sigue considerando que no se ha dado pues eran transacciones económicas «entre particulares». Pero, recalcó el vicepresidente del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, «hay otros perjuicios» más allá del dinerario y que son los que han llevado a la Junta a dar el paso personarse en el caso.

Lo hace después de conocerse el pasado fin de semana que la Fiscalía Anticorrupción había decidido -tras más de dos años de investigación en base a un informe de la Agencia Tributaria- interponer una querella contra 21 personas, entre los que se encuentran Rafael Delgado y el empresario Alberto Esgueva, quien fuera consejero delegado de la empresa pública Excal, y ambos implicados en el caso de la «Perla Negra».

«Indefensión absoluta»

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ya tiene la querella. El documento que precisamente quiere conocer la Junta. Lo pidió por escrito el martes la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, cuando ya anunciaba la posibilidad de personarse como acusación en base a los datos del documento. Aún no han tenido respuesta, pero no quieren esperar más, porque «entendemos que necesitamos esa información» de manera «oficial», subrayó la portavoz, Milagros Marcos. Consideran que se encuentran en una situación de «indefensión absoluta» al «no tener capacidad de explicar a la sociedad lo que ahí está escrito» y que ha puesto en el punto de mira al Gobierno autonómico.

Los servicios jurídicos del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera ya trabajan en el escrito que remitirán al juzgado, «sin esperar» a la respuesta de Anticorrupción, «para conocer los hechos y tener información». Pero, precisó Marcos, «de ahí para nada se deriva que hay daño para la hacienda pública». Si lo detectasen al tener acceso a la querella, el Ejecutivo autonómico se personaría «como acusación» en el caso, añadió la portavoz.

«Nadie más interesado»

«No hay nadie más interesado en que se resuelva cuanto antes que la Junta y si alguien la ha hecho, que lo pague», reiteró en varias ocasiones la también consejera de Agricultura y Ganadería, quien pidió que la Justicia «sea lo más ágil y rápida posible». Marcos asumió que se trata de asuntos «muy graves» -se les acusa de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias- en los que «parece ser» que quien fuera viceconsejero de Economía «está implicado», pero intentó quitar peso al papel de la Junta. Así, entre las cosas que «sabemos que no hay» señaló que «claramente no hay trama administrativa», y prueba de ello es que de todas las personas de la Junta llamadas a declarar «ninguna» figura en la nómina de los 21 denunciados. Y también que «no hay dinero público afectado», pues se trata de cantidades entre particulares, que es la Agencia Tributaria -de quien partió el informe que destapó el caso- quien lo conoce. En el ámbito administrativo, señaló Marcos, competencia de la Junta, «la actuación fue impecable» y los «técnicos -que ya han declarado ante el fiscal- para nada han actuado de forma incorrecta» en esos procedimientos de adjudicación de parques eólicos «complejos».