El Tribunal de Cuentas eleva a 1,9 millones las bajas laborales sin control

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, elevó ayer a 1,9 millones las bajas por incapacidad temporal que no fueron controladas entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012 y cuyo gasto estimado ascendió a 1.185 millones de euros. Ese número de procesos de incapacidad sin control representan el 64% del total, lo que supone un «grave defecto de control interno», según el Tribunal. En la presentación en el Congreso de los Diputados del informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social, Álvarez de Miranda señaló que «los servicios públicos de salud de varias comunidades autónomas incumplieron la obligación de remitir los partes médicos de confirmación de los procesos de incapacidad temporal prevista reglamentariamente, lo que impidió al Instituto Nacional de la Seguridad Social realizar los controles adecuados sobre dichos procesos».

Además, el presidente del Tribunal de Cuentas explicó que el número de procesos de incapacidad temporal a controlar por la Seguridad Social disminuyó un 31,4% en 2012 al excluir los contratos laborales a tiempo parcial de los procesos de comprobación. A ello se añade que las demoras en los servicios públicos de salud autonómicos a los trabajadores asegurados por las mutuas provocó que determinados procesos de incapacidad «se alargasen de forma innecesaria».

El informe presta mucha atención a impulsar la creación de una base de datos de partes médicos debidamente consolidada, con la aportación de todas las comunidades autónomas y el impulso de sistemas de control que puedan incrementar la labor de verificación de lo que se está pagando por incapacidad temporal.

El presidente del Tribunal de Cuentas señaló que el control de las mutuas «fue mucho más fiable y eficiente», pero descartó que eso «lleve aparejada ninguna opción de privatización de la sanidad, únicamente que los servicios emulen su actividad y mejoren el control».

En cuanto a los convenios de colaboración con las comunidades autónomas, el tribunal indica que se han detectado gastos «indebidamente financiados» y que no se aplicaron los mismos criterios de valoración para justificar los convenios suscritos con el País Vasco y Navarra respecto al resto de comunidades, lo que supuso «un tratamiento injustificado».