Alaya prorroga el secreto del sumario sobre las facturas falsas de UGT-A

La jueza Mercedes Alaya ha prorrogado el secreto de sumario sobre las presuntas irregularidades detectadas en la contabilidad de UGT, una causa que instruye desde el pasado mes de septiembre y sobre la cual la Audiencia Nacional resolvió que unificara todas las diligencias abiertas en diversos juzgados y que afectaban también al secretario general del sindicato, Cándido Méndez. Asimismo, Alaya ha dictado un auto con fecha del 4 se septiembre en el que acepta diversas peticiones de la Fiscalía Anticorrupción en relación a los cobros de 'sobrecomisiones' de los ERE fraudulentos por parte de las sociedades de UGT y CCOO.

La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla argumenta la prórroga del secreto del sumario en la necesidad de que los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «completen las diligencias de investigación que vienen practicando», a los que insta a que «dé cuenta periódica del avance de sus investigaciones», informa Europa Press.

La investigación se refiere al desvío de fondos de formación para el empleo y facturas falsas y ya motivó un registro de la sede del sindicato en Sevilla por parte de la UCO en diciembre pasado, en la llamada operación 'Cirene', y del archivo central de Córdoba, además de otras empresas relacionadas con los cursos de formación.

Por otra parte, la jueza sevillana ha respondido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha requerido información sobre sindicatos, empresas vinculadas y empresas beneficiaras de la trama de las 'sobrecomisiones' de los ERE, tanto a la Agencia Tributaria como al Registro Mercantil, Tesorería de la Seguridad Social, Oficina Pública de Depósito de Estatutos y las comunicaciones al servicio de blanqueo de capitales (SEPBLAC) por parte de las oficinas bancarias usadas en los pagos.

La magistrada pide datos desde 2001 y centra las pesquisas en las sociedades Atlantis Asesores, Atlantis Correduría, Temiqui e ITG. También requiere nueva investigación policial sobre Antonio Florido, de la federación estatal de CCOO, FITEQA.

Alaya responde a la petición de la Fiscalía de que se impute como responsables civiles a Cespa y FCC Medo Ambiente que está a la espera de los informes de la UCO. La jueza recuerda a Anticorrupción que "las imputaciones policiales son absolutamente independientes de las judiciales" y le insta a que especifique qué personas cree que debe ser imputadas.

También contesta a las quejas de los fiscales, que lamentaron desconocer qué instrucciones había dado la jueza a la Guardia Civil para investigar los ERE: «Son muchas las ayudas sociolaborales analizadas y se continuarán analizando, las que el tiempo que le queda a la presente instrucción lo permita, sin perjuicio de que haya de completarse en su caso en otras instancias», indica.