Amnistía calcula en 873.000 los inmigrantes sin sanidad

«Es una medida regresiva y discriminatoria». Así de contundente se mostró ayer el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, durante una rueda de prensa en Palma. ¿La razón? La organización que dirige calcula que una de las últimas reformas en materia de sanidad del Gobierno -el Real Decreto-Ley que el Ejecutivo aprobó en septiembre del pasado año- ha dejado a 873.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria. Una medida que, en su opinión, «pone en riesgo» la vida de estas personas al «impedir y dificultar» su acceso al sistema sanitario.

La norma retiraba la tarjeta sanitaria a aquellos inmigrantes que se encuentren en situación irregular, de tal forma que en la actualidad solo cuentan con asistencia sanitaria gratuita en dos supuestos: en urgencias o accidentes hasta el alta médica, y en embarazo, parto o posparto. En el resto de intervenciones, los inmigrantes deben abonar la factura.

Para Beltran, se trata de una medida que «limita» el derecho a una asistencia universal y gratuita. «El Gobierno -explica- ha optado por incrementar el proceso de exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular, en lugar de abordar los obstáculos administrativos que dificultaban su acceso a la sanidad».

Por otro lado, advierte de que la crisis económica no debería ser una excusa para recortar hasta el punto de «menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención sanitaria». Por eso, Beltrán ha pedido un informe real sobre el «ahorro» que se habría conseguido hasta ahora.

Pero el objeto de la rueda de prensa era la presentación de otro estudio: 'El laberinto de la exclusión sanitaria. Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares'. El autor del informe, Ignacio Jovtis, explicó que solo en el archipiélago, se han retirado 20.000 tarjetas sanitarias, alrededor del 2% de la población balear.