Cuatro técnicos de Diputación declaran por el fraude de las ayudas a la industria

Las palabras que pronunció el pasado octubre en San Fernando el director general de Industria, Manuel Valle, sobre el fraude detectado en 2011 en las ayudas a la reindustrialización de la Bahía eran premonitorias. Valle dijo entonces que la falta de control de estas subvenciones a las empresas durante la etapa socialista había permitido que algunos «se llevaran el dinero crudo». Ayer, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, utilizaba su cuenta en twitter con el mismo símil que el director de Industria para destacar que «los amigos del PSOE se llevaron calentitas las ayudas para la Bahía». El director general de Industria presentó en octubre de 2012 el plan para 2013 y destacó durante su discurso que el Gobierno del PP había introducido restricciones para evitar un fraude como el cometido en 2011 por el empresario gallego Dávila Ouviña, que se hizo con 15 millones de euros para tres proyectos empresariales que nunca desarrolló en Cádiz.

La actuación de Ouviña fue la punta del iceberg de una más que dudosa gestión del reparto de estas ayudas. El fraude ponía en entredicho a la Agencia IDEA, organismo de la Junta que canalizaba las subvenciones, y arrojaba una imborrable sombra de sospecha sobre la gerencia del Plan Bahía, que se encargaba, junto con la Diputación, de tramitar y seleccionar los proyectos empresariales.

El PP ha hecho causa común para depurar responsabilidades políticas por este fraude. De momento, el que fuera gerente del Plan Bahía, el socialista Antonio Perales, se encuentra imputado, mientras que la exdiputada de Empleo en esa etapa en la Diputación de Cádiz, la socialista María José Valencia, ha tenido que declarar ante la Policía por su gestión. El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, develaba el miércoles la imputación además de cinco altos cargos del Ministerio de Industria durante el Gobierno de Zapatero. Se trata de la secretaria general de Industria, el director general de Industria, el subdirector general, el subdirector general adjunto y un técnico adscrito al Plan Bahía.

El PP sigue tirando del hilo de la cometa. El presidente de Diputación, José Loaiza, anunciaba ayer que cuatro técnicos de la Diputación habían sido citados a declarar por el caso, entre ellos el gerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT). El PP solicita la comparecencia urgente del Gobierno regional para que aclare la «fuga» de 25 millones de euros. Antonio Sanz volvió a pedir explicaciones al PSOE por el último escándalo relacionado con la fuga de dinero procedente de planes de empleo para la provincia. Exigió a Irene García, secretaria provincial del PSOE, que aclare lo que sabe con respecto al Plan Bahía y por qué ha cesado a María José Valencia.

Según Sanz está «probado por escrito que se dieron órdenes para hacer desaparecer la puntuación a empresas muy solventes para premiar a otras que tenían compromisos políticos». Asegura que una de ellas «tenía la sede en un bar de Alcalá de los Gazules». El PP denuncia que algunas empresas recibieron el dinero con la promesa de instalarse en los terrenos de Delphi e incluso contratar a su plantilla.

Todo ello cobra especial importancia cuando ha saltado otro caso de corrupción relacionado esta vez con el Plan Especial de Empleo de la Bahía que contaba con 23 millones de euros y que en el Gobierno de Zapatero ya se reclamó la entrega de cuatro millones por una gestión irregular, y ahora se le reclama 16 millones más que están sin justificar.