El Congreso de Abogacía inaugura las grandes citas nacionales del Doce

En la casa palacio de los marqueses de Recaño de Cádiz, la que soporta la Torre Tavira, nació el Tribunal Superior de Justicia de España. Apenas 400 metros separan esta finca del Gran Teatro Falla donde ayer se inauguraba el Congreso Nacional de la Abogacía. Aquella primera constitución de 1812 lo reconocía así y le daba legitimidad. Ya para entonces el Colegio de Abogados de Cádiz había iniciado su andadura y tenían un importante peso en la ciudad. Hasta 60 juristas fueron diputados de las Cortes y contribuyeron a la redacción de la carta magna que ha servido como base a todas las demás.

El decano del órgano colegial gaditano, José Manuel Jareño, lo recordó ayer en su discurso de apertura, en el que destacó la importancia del trabajo de los letrados en tiempos de crisis y valoró la labor del turno de oficio, al que definió como el «buque insignia del Colegio profesional».

«Estamos desde Cicerón y hemos llegado hasta aquí», sentenció Jareño, que dio paso al resto de participantes de la mesa inaugural. Justo en el centro del escenario y presidiendo el acto, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, fue el invitado de honor a esta gran cita que ha reunido en Cádiz a más de 2.200 congresistas. Ante un teatro completo, el ministro habló de la importancia de renovar la administración de la Justicia y de los avances conseguidos en los últimos años. Según dijo «ser abogado es algo más que ser solo jurista y la Ley de Acceso a la Abogacía lo va a dejar claro». Caamaño compartió su primera experiencia tras vestir la toga de abogado demandante y confesó que llegó a sentirse como un actor que interpreta el papel de otro. «Pero ser abogado es un poco más difícil, porque no consiste en sustituir, sino en ponerse realmente en la situación del representado».

Y finalizó su intervención agradeciendo la postura de «diálogo y comprensión» que ha mostrado el colectivo de letrados en sus reivindicaciones.

Valentía ante la crisis

Quizá el más crítico de todos fue el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, sentado justo entre el ministro Caamaño y la alcaldesa gaditana, Teófila Martínez. Ante los allí presente apeló a las responsabilidad de las fuerzas políticas para buscar soluciones a la crisis. Además, hizo un llamamiento para que «no se fomente el enfrentamiento ni acusaciones desmedidas y para que tampoco impongan restricciones a las restantes opciones políticas». También se cuestionó sobre el hecho de que no se dispense a los ciudadanos con problemas económicos el mismo trato que a las entidades bancarias.

Y en nombre de los abogados, exigió «verdad y coraje» a los políticos que gobiernan, los de ahora y los que vendrán en un futuro para que encuentren soluciones a la situación que sufren los menos favorecidos. Del mismo modo, recordó que la situación de muchos letrados sigue siendo precaria, por lo que insistió en que «ha llegado la hora de decir ya basta» y recordar a las administraciones públicas su obligación de remunerar dignamente a los abogados del turno de oficio.

Entre sus reivindicaciones dejó hueco para pedir un esfuerzo a partidos políticos, jueces, fiscales y juristas para que se regenere la Justicia con imaginación y acometer la modernización necesaria.

Necesaria modernización

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, tuvo un recuerdo cariñoso para la ciudad en la que ha vivido los últimos años cuando ejercía como responsable de la Audiencia Provincial de Cádiz. Y durante su intervención, admitió que es necesario cambiar los aspectos más anticuados de la Justicia. «En la calle hay una serie de percepciones sobre el ejercicio de la misma, de la que se dice que es lenta y desfasada y politizada», resaltó el magistrado, y destacó la importancia de «abandonar los aspectos decimonónicos para adaptarse al siglo XXI».

El consejero de Gobernación, Francisco Menacho, valoró el avance que se ha producido en el desarrollo de una oficina judicial ágil y moderna y la redacción de un plan estratégico y de la justicia para cubrir las necesidades. El responsable andaluz resaltó también la importancia que este congreso da a la ciudad, «convertida en el centro neurálgico del Derecho» durante los tres días que durarán las mesas de debate. La alcaldesa Teófila Martínez, también tuvo palabras de agradecimiento para los asistentes, a quienes invitó a volver a la ciudad durante el resto de los actos del Bicentenario.

Poco antes del acto, a las puertas del teatro se concentró un grupo de letrados de la Asociación Libre de Abogados (ALA), que tras una pancarta protestaban por lo que consideran que es un congreso «elitista», que ha dejado a muchos abogados fuera porque se exige el pago de 475 euros para inscribirse. Ese fue uno de los lemas que recogieron en sus pancartas.

Queda pues inaugurada la primera de las grandes citas nacionales previstas para el Doce.