El caso de los ERE, pendiente del Supremo y de los 'intrusos'

La investigación que sigue el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre el presunto fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos de la Junta vuelve a la palestra tras el periodo vacacional de agosto. El caso de los 'ERE' se suma al 'otoño calentito' que dice Valderas, ya que los pasos que dé su instructora, la juez Mercedes Alaya, pueden tener gran repercusión en la vida política. No hay que olvidar que aunque la Junta no se cansa de repetir que fue ella la que denunció el fraude a la justicia, su Consejería de Empleo está en el ojo del huracán de la investigación, con dos ex altos cargos de este departamento, entre ellos el exconsejero Antonio Fernández, imputados.

Pero además, varios autos de la magistrada apuntan directamente a varios miembros del Gobierno, entre ellos Griñán, como posibles conocedores de que se estaban cometiendo irregularidades en el sistema de pago de las ayudas sociolaborales a empresas.

Para investigar a fondo esta parte del caso, la magistrada requirió todas las actas de los consejos de gobierno de la última década, objetivo que por el conflicto de competencias planteado por la Junta deberá dirimir el Tribunal Supremo. Lo que decida este tribunal se verá este trimestre, lo que alimentará sin duda la ya no escondida tensión entre el juzgado y el ejecutivo de Griñán.

Alaya retoma el próximo día 9 los interrogatorios a varios de los acusados, entre ellos el exalcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo, al que se le acusa de cobrar 109.750 euros de la empresa Cydeplast sin haber trabajado nunca en ella. Es uno de la decena de socialistas implicados en la trama, que introdujo al menos a 70 intrusos en las pólizas de prejubilaciones con cargo a la Junta.

Más adelante tomará declaración al exconsejero Fernández, decidiendo si confirma su imputación en el proceso. En el punto de mira está el también exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, que por su condición de senador está aforado, lo que obligaría a la magistrada a derivar el caso al Supremo si decidiera acusarlo. En el PSOE son conscientes del daño que haría si llega este extremo, dado que Viera es secretario general del partido

en Sevilla.